Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Soledad Gamo Serrano)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 1933/2022 – ECLI:ES:TSJM:2022:1933
Palabras clave: Procedimiento sancionador. Arbolado urbano. Tala. Encinas. Pinos. Licencia de obras. Autorización administrativa. Culpabilidad.
Resumen:
Es objeto del presente recurso de apelación la Sentencia dictada el 9 de diciembre de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid en los autos de procedimiento ordinario 2/2020, en los que se venía a impugnar el acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas de fecha 28 de noviembre de 2019, por el que se impone a un particular la sanción de 250.000 euros, como autor responsable de una infracción muy grave tipificada en el artículo 11.2.1.a) de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de Madrid, por reputar acreditado en el expediente que el recurrente había llevado a cabo una tala no autorizada de sesenta y siete encinas de diversos tamaños de entre 10 y 30 cm de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 31 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 134/2022- ECLI:ES:TSJCANT:2022:134
Palabras clave: Acceso a la justicia. Caza. Información ambiental. Instrumentos de planificación. Lugares de importancia comunitaria (LIC). Parques Nacionales. Participación. Ordenación de los recursos naturales. Zona de especial protección para las aves (ZEPA).
Resumen:
El supuesto de autos versa sobre la impugnación del Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2019/2020 aprobado por Orden MED/7/2019, de 2 de abril (BOC 5 de abril de 2019), por parte de una asociación ecologista.
La recurrente considera que se ha omitido el trámite de participación e información pública, y considera insuficientes la motivación técnica, la evaluación de las consecuencias, la memoria de temporada, los informes o estudios técnicos, máxime cuando se trata de un plan que afecta a una reserva.
En relación a la aprobación del plan controvertido, se citan los artículos 14 y 45 de la Ley de Cantabria 12/2006, de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11 de marzo de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 2ª. Ponente: Antonio Martínez Quintanar)
Autora: Jennifer Sánchez González. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad de A Coruña
Fuente: Roj: STSJ GAL 1626/2022- ECLI: ES: TSJGAL:2021:1626
Palabras clave: Pesca. Ley de Pesca de Galicia. Plan General de Explotación Marisquera.
Resumen:
La sentencia resuelve un recurso contencioso-Administrativo interpuesto por la Administración General del Estado contra la Orden de 21 de diciembre de 2020 de la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia por la que se aprueba el Plan General de Explotación marisquera para el trienio 2021-2023 y contra la resolución de 12 de marzo de 2021 de la Secretaría General Técnica de la Consellería del Mar por la que se desestima el requerimiento formulado por la Administración del Estado para la derogación de la citada disposición.
Es parte demanda la Consellería do mar, así como codemandadas una pluralidad de cofradías, asociaciones y agrupaciones pesqueras.
La parte actora alega que el Plan General de Explotación Marisquera (PGEM), se dicta al amparo del artículo 8 del Decreto de la Xunta de Galicia 153/2019, de 21 de noviembre, que se enmarca en los
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 10, Ponente: Paloma Santiago Antuña)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 1750/2022 – ECLI:ES:TSJM:2022:1750
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial. Montes de utilidad Pública. Aprovechamientos forestales. Proyecto de Ordenación Forestal. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
Resumen:
Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración presentada por la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia frente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, solicitando el reconocimiento del derecho a ser indemnizada por los perjuicios correspondientes a los ingresos dejados de percibir por aprovechamientos maderables de los Montes de Utilidad Pública n° 111 “Cabeza de Hierro-La Cinta” y n° 113 “Peñalara-La Cinta”, en el periodo del decenio 2009-2018 (ambos inclusive), en la superficie de dichos montes comprendida dentro de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a las previsiones y bases del Proyecto de Ordenación Forestal fechado en
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Fernando Román García)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1331/2022- ECLI: ES: TS: 2022:1331
Palabras clave: Residuos eléctricos y electrónicos. Reglamentación. Sistemas de gestión. Objetivos.
Resumen:
La Sentencia seleccionada en esta ocasión resuelve los recursos contencioso-administrativo acumulados presentados por varias Entidades mercantiles contra el Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, publicado en el BOE núm. 17, de 20 de enero de 2021.
Los demandantes plantean, así, la nulidad del Real Decreto, y, en concreto, la modificación operada por el artículo 2.13, por el que se modifica el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 110/2015, artículo 2.17, por el que se modifica el apartado 2.b del artículo 39 del Real Decreto 110/2015 y la Disposición Adicional Segunda sobre “Adaptación de los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor
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