Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de junio de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STS 2264/2022 – ECLI:ES:TS: 2022:2264
Palabras clave: Ejecución de sentencias. Derechos de emisión. Devolución en especie o mediante equivalente. Transmisión de derechos de emisión.
Resumen:
En este caso concreto, el Alto Tribunal examina el recurso de casación formulado por una mercantil contra el auto de 16 de noviembre de 2020, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que denegó la declaración de imposibilidad de ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 37/2016, que había sido promovido por la mencionada mercantil contra la resolución de la Secretaria de Estado Medio de Ambiente, de fecha 14 de Mayo de 2015, ordenando la devolución de 78.549 derechos de emisión de gases de efectos invernadero correspondientes a la anualidad 2013, que le fueron asignados por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de Noviembre de 2013, y transferidos el 4 de marzo de 2014 a
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 16 de mayo de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: Guillermo Benito Palenciano Osa)
Autora: Jennifer Sánchez González. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad de A Coruña
Fuente: Roj: STSJ CLM 1423/2022 – ECLI:ES:TSJCLM:2022:1423
Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental. Parque eólico.
Resumen:
La sentencia resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad Ornitológica Albacetense (SAO) contra la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra una Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de octubre de 2018, por la que se otorga a Energía Nómada SLU, una autorización previa y una autorización administrativa de construcción.
En julio de 2018 se publicó una resolución por la que se formulaba Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Barrax Norte Sur y sus infraestructuras de evaluación.
La parte demandante considera que tal Declaración incurre en infracción normativa y, por lo tanto, deberá declararse nula. Por ello, cuestiona la decisión ambiental a través de la impugnación de la Resolución por la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 11 de mayo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Jesús Azcona Labiano)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 349/2022 – ECLI:ES:TSJNA:2022:349
Palabras clave: Actividades clasificadas. Autorizaciones y licencias. Declaración de impacto ambiental. Minería. Procedimiento administrativo.
Resumen:
Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución 731E/2021, de 16 de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por una mercantil contra la Resolución 3E/2021, de 13 de enero, del Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, por la que se emite informe desfavorable con carácter previo a la resolución municipal de actividad clasificada para el Proyecto de explotación de una gravera en Buñuel (Navarra).
Las razones para que la administración foral emitiese este informe desfavorable previo a la resolución municipal de actividad clasificada, eran que a su entender la gravera se situaría en suelos de especial protección, en los cuales quedaría prohibida (conforme a la planificación territorial del ámbito) las actividades extractivas salvo que fuesen necesarias para actuaciones en obras públicas próximas. Además, aducía la administración
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 27 de abril de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: Antonio López Tomás)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 1778/2022 – ECLI:ES:TSJCV: 2022:1778
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial administración. Plan Ordenación Recursos Naturales (PORN). Urbanismo. Aprovechamiento urbanístico. Prescripción. Proyecto Reparcelación.
Resumen:
El recurso que dio pie a esta sentencia se planteó ante dos Resoluciones de la Secretaría Autonómica de Emergencia climática y Transición Ecológica y del Subsecretario de la Consellería de política territorial.
La actora, una empresa propietaria de terrenos, considera que debe ser resarcida por daños y perjuicios ante la privación durante un tiempo de 10 años, de disfrutar su aprovechamiento urbanístico sobre sus parcelas como consecuencia de las previsiones contenidas en el PGOU de Guardamar del Segura (Alicante) y en el PORN del Sistema de Humedales del Sur de Alicante, aprobado en el año 2010. En su defensa, indica la recurrente que antes de la entrada en vigor de dichas previsiones, ya había consolidado el aprovechamiento urbanístico atribuido a dichas parcelas y que figura
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de abril de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Olga González-Lamuño Romay)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 1146/2022- ECLI:ES:TSJAS:2022:1146
Palabras clave: Inactividad de la administración. Espacios Protegidos. Red Natura 2000. Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Zona de Especial Conservación (ZEC).
Resumen:
El supuesto de autos trata de la desestimación por silencio de la denuncia por inactividad presentada por una asociación ambientalista contra la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias. El motivo que lleva a tal petición es la preocupación de asociación respecto de la desprotección de los cauces y vegas de varios arroyos afluentes del Río Gillón, dentro de la cuenca alta del Río Narcea, que afecta a distintos sistemas ecológicos. Se trata de un área parcialmente integrada en la Red Natura 2000, en la que se insertan ZEPA y ZEC. La actora solicita, en base al artículo 29 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, “iniciar con carácter inmediato un
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