Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Oraa González)
Autora: María Pascual Núñez, Estudiante en prácticas del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 2729/2016 – ECLI:ES:TSJCL:2016:2729
Temas Clave: Proyecto Regional de Infraestructuras de Residuos de singular interés (PRIR); Licencias y autorizaciones; Instrumentos de ordenación del territorio; Autonomía local; Interés regional
Resumen:
Mediante el recurso contencioso-administrativo número 219/15 se impugna el Decreto 8/2015, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), dictado al amparo de la Ley Autonómica 10/1998, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 5 de diciembre.
Este recurso fue interpuesto por la Asociación “Ecologistas en Acción de Valladolid”, que solicita la declaración de nulidad de pleno derecho o, en su caso, la anulación del Decreto recurrido. Por su parte, las codemandadas, Junta de Castilla y León y la mercantil CENTRO DE TRANSFERENCIAS, S.A. (CETRANSA), interesan la desestimación íntegra del recurso planteado.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 23 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Inmaculada Montalbán Huertas)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 2814/2016 – ECLI:ES:TSJAND:2016:2814
Temas Clave: Algarrobico; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos naturales
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra el Decreto 37/2008, de 5 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el Plan Rector de Usos y Gestión del mismo, y que afectaba al espacio conocido como El Algarrobico.
En concreto, la parte actora solicita la nulidad del Decreto o, subsidiariamente, que se reconozca una indemnización a favor del Ayuntamiento de Carboneras por los daños y perjuicios causados por la nueva zonificación de los terrenos que conforman los sectores ST-1 y ST-2, en su día clasificados como suelo urbanizable en el PGOU de Carboneras.
El pleito quedó suspendido en tanto en cuanto el Tribunal Supremo no resolviese el recurso de casación interpuesto
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo Castillo)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 3441/2016 – ECLI:ES:TSJAND:2016:3441
Temas Clave: Aguas; Confederación Hidrográfica; Desastres naturales; Responsabilidad patrimonial
Resumen:
La Sala examina el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada, a través de la cual se condenaba a la Agencia Andaluza del Agua al pago, por responsabilidad patrimonial de la administración, de una alta indemnización por los daños causados en terrenos de la actora por dos avenidas acaecidas en febrero de 2009 y enero de 2010, tras fuertes lluvias.
La Agencia autonómica se alza en apelación contra la sentencia de instancia, aduciendo varios motivos, tales como el hecho de que, en el momento de producirse los daños, la Agencia apenas llevaba a un mes de funcionamiento, o la ruptura del nexo causal entre la actuación de la administración y el daño producido que impediría la concurrencia de responsabilidad patrimonial.
El primero de los motivos señalados en el párrafo anterior resulta desechado por
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de julio de 2016, asunto C‑379/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés en relación con la anulación del Decreto francés de evaluación ambiental estratégica por ser incompatible con la Directiva
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C‑379/15
Temas clave: Evaluación ambiental, planes y programas, anulación de norma de transposición, efectos, seguridad jurídica y protección del medio ambiente
Resumen:
La cuestión prejudicial se plantea en el marco de un litigio entre la Association France Nature Environnement, y, por otro, el Gobierno francés en relación a una pretensión de anulación del Decreto francés, sobre la evaluación ambiental estratégica, por no ser conforme a Derecho ya que los recurrentes entendían la infracción de Directiva 2001/42 en el sentido de que determinadas autoridades competentes en materia de medio ambiente carecen de la autonomía administrativa exigida por la referida Directiva.
De hecho el citado Decreto francés atribuía, al mismo tiempo, la competencia para elaborar y aprobar una serie de planes y programas y la competencia consultiva en materia de medio
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 3795/2016- ECLI: ES: TS: 2016:3795
Temas Clave: Estudio Estratégico Ambiental; litoral; parques eólicos marinos
Resumen:
La presente Sentencia resuelve el recurso de Casación 1623/2015 interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en fecha 4 de diciembre de 2014, en el Recurso Contencioso-administrativo 407/2009, sobre aprobación de estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos, siendo parte recurrida la Xunta de Galicia. Dicho recurso fue promovido por la Xunta de Galicia, siendo demandada la Administración General del Estado y codemandada la Fundación Oceana, contra la Resolución conjunta de la Secretaría General de Energía y de la Secretaría General del Mar, de 16 de abril de 2009 por la que se aprueba el estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos, publicada en el BOE de 8 de mayo de 2009, mediante resolución de 30
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