Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 24 de noviembre de 2016, asunto C-645/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación de la Directiva de evaluación ambiental de proyectos
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-645/15
Temas clave: Evaluación ambiental de proyectos, ámbito de aplicación, concepto de vías rápidas, concepto de construcción
Resumen:
La cuestión prejudicial se plantea en el marco de un litigio entre el Bund Naturschutz in Bayern el Sr. Harald Wilde, por una parte, y Baviera, por otra parte, en relación con la aprobación del proyecto de acondicionamiento de determinados tramos de una carretera situada en el término municipal de la Stadt Nürnberg (ciudad de Núremberg, Alemania), sin haber llevado a cabo una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente del referido acondicionamiento.
El proyecto en cuestión prevé el acondicionamiento de dos tramos de la carretera, que se compone de dos carriles en cada sentido de circulación. En el primer tramo, de 1,8 kilómetros de longitud, se pretende añadir un tercer carril e instalar barreras acústicas en un
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Rafael Toledano Cantero)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 5157/2016 – ECLI:ES:TS:2016:5157
Temas Clave: Gestión de servicios públicos; Ciclo integral del agua; Concesión; Participación ciudadana; Consulta popular
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cogollos Vega (Granada), contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015, que desestima la autorización para celebrar la consulta popular relativa a si se debe mantener la concesión otorgada para la gestión de los servicios del ciclo integral del agua en ese municipio, siendo parte recurrida la Administración General del Estado. El objeto de esta consulta era la siguiente pregunta: “¿Desea Vd. que el Ayuntamiento de Cogollos Vega mantenga la concesión otorgada a la empresa Aguasvira SA, para la gestión de los servicios de ciclo integral del agua en este municipio, acordada por convenio suscrito por el anterior Alcalde, D. Gonzalo hasta el año 2027 sin acuerdo plenario?”.
El Tribunal Supremo desestima el recurso
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 7 de octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Matías Alonso Millán)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 4019/2016 – ECLI:ES:TSJCL:2016:4019
Temas Clave: Uso excepcional en suelo rústico; Residuos; Autorización; Licencia ambiental y urbanística; Silencio administrativo
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso-administrativo formulado por un particular frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Ávila que declaró ajustadas a derecho las resoluciones administrativas dictadas por el Ayuntamiento de Espinosa de los Caballeros (Ávila). A través de estas resoluciones, la entidad local acordó la paralización de la actividad de depósito y almacenamiento de residuos y operaciones de valoración desarrolladas por el recurrente, al que comunicó que no se le había otorgado la licencia ambiental y de uso excepcional en suelo rústico por silencio administrativo, así como la obligación de estar a lo que informasen las Comisiones Territoriales de Prevención ambiental y Urbanismo.
El recurrente entiende que la balsa cumple con la normativa que le resulta aplicable y que para
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de septiembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: María del Mar Jiménez Morera)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 8180/2016 – ECLI:ES:TSJAND:2016:8180
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Espacios naturales protegidos; Minería; Ordenación de los recursos naturales; Parques Naturales
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil contra el Decreto 238/2011, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, a través del cual se establece:
-La ordenación y gestión de Sierra Nevada (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada);
-El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada;
-Y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada.
Interesa destacar a nuestros efectos, la petición de nulidad de la recurrente de la disposición que prohíbe genéricamente la explotación de actividades extractivas y mineras en el ámbito del Parque Natural de Sierra Nevada, así como la prohibición de la renovación de las explotaciones mineras existentes.
A tal fin, justifican dicha petición de nulidad en la contraposición de esta disposición con lo preceptuado
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 182/2016, de 3 de noviembre de 2016 (Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 299, de 12 de diciembre de 2016
Temas Clave: Almacenamiento geológico de dióxido de carbono; Emisiones a la atmósfera; Permisos de investigación; Subsuelo marino; Ordenación del territorio; Registros de lugares de almacenamiento
Resumen:
Esta sentencia viene a complementar la STC 165/2016 dedicada al examen del contenido de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, que regula el almacenamiento geológico de dióxido de carbono y que fue comentada en esta publicación.
En este caso, es la Junta de Galicia la que interpone el recurso de inconstitucionalidad y la que cuestiona la titularidad de las facultades ejecutivas que se atribuyen al Estado en esta materia. Me detendré en los nuevos preceptos que han sido objeto de recurso.
En primer lugar, se cuestiona la constitucionalidad de que corresponda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio otorgar los permisos de investigación previstos en la ley cuando afecten al subsuelo marino (art. 5-1 a). La Junta de Galicia entiende que la ubicación marítima
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