Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 9 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Ponente: Héctor García Morago)
Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ: STSJ CAT 1653/2017 – ECLI: ES:TSJCAT:2017:1653
Temas Clave: autorización ambiental; autorización de vertidos; estudio de impacto ambiental; Plan Territorial Parcial de Ponent
Resumen:
El Consell Comarcal del Segrià (CCS) solicita mediante recurso contencioso administrativo el dictado de una sentencia que invalide la autorización ambiental que se le concedió a Dipòsits controlats de Catalunya (DCC) respecto el proyecto de depósito controlado de residuos no peligrosos a ubicar en el paraje conocido como “Lo Collet”. El Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTS) y la titular de la autorización se oponen a la pretensión. Los oponentes alegan causa de inadmisibilidad que es desestimada.
El recurrente alega varias cuestiones, la mayoría de las cuales son desestimadas salvo las últimas que se estiman y como consecuencia se estima el recurso contencioso –administrativo y se declaran nulas de pleno derecho las Resoluciones administrativas objeto del proceso, es decir
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de Hontanar Sánchez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 1388/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:1388
Temas Clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable
Resumen:
Con fecha de 28 de enero de 2016, por la Comisión de Urbanismo de Madrid se dictó Acuerdo a través del cual se otorgaba calificación urbanística solicitada por una entidad mercantil para la instalación de un vivero y usos asociados en una parcela rústica en la localidad de San Sebastián de los Reyes, clasificada como suelo no urbanizable de protección. Según se recogía en la propia Memoria del proyecto, se solicitaba para desarrollar un “conjunto de referencia en paisajismo sostenible, destinado al cultivo y exposición de especies xerófitas (plantas que se adaptan a zonas con escasez de agua, tales como entornos esteparios o desérticos), complementado con actividades de ocio y servicios relacionados con la jardinería sostenible”. Todo ello en uso de la tradicional posibilidad de, en esta clase de suelo, autorizar determinados usos que sean de interés público o social,
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2017 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1377/2017- ECLI: ES: TS: 2017:1377
Temas Clave: Declaración de Impacto Ambiental; informes; obligatoriedad; Zona LIC; Zona ZEPA
Resumen:
En esta Sentencia se resuelve el Recurso de Casación 1137/2014 interpuesto por la entidad Gas Natural Fenosa Renovables, S. L., y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede en Valladolid, en fecha 30 de enero de 2014, en el Recurso contencioso-administrativo 211/2010, sobre autorización de Parque eólico, siendo parte recurrida la Sociedad Española de Ornitología (Seo/Birdlife).
El recurso contencioso-administrativo promovido por la Sociedad Española de Ornitología, en el que fue parte demandada la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y codemandadas el Ayuntamiento de Igüeña y la entidad Parque Eólico Espina, S. L., se interpuso contra la Resolución del Viceconsejero de Economía de la Junta de Comunidades de Castilla y León, de fecha 10 de marzo de
Sentencia 36/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo de 2017 (Ponente: Adela Asua Batarrita)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 83, de 7 de abril de 2017
Temas Clave: Energía eléctrica; Instalaciones; Información; Inspección; Autorización; Régimen retributivo; Estadística; Competencias ejecutivas
Resumen:
Se plantea en este caso un conflicto positivo de competencia por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra los arts. 8, apartados 1 y 2, 30 y 35.1 a) i) y la disposición final primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Estos preceptos imponen a los titulares de las instalaciones la obligación de remitir determinada información directamente a la Administración General del Estado, o le atribuyen a esta Administración facultades ejecutivas (inspección y autorización) en relación con las instalaciones de producción eléctrica.
La Abogada de la Generalitat alega que a través de estos preceptos se atribuyen al Estado funciones ejecutivas que no le corresponden. Por su parte, el Abogado del Estado entiende que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 5 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier Varona Gómez-Acedo)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 2796/2016 – ECLI:ES:TSJICAN:2016:2796
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales; Ruidos
Resumen:
Por una familia de la localidad de Vega de San Mateo (municipio de la Isla de Gran Canaria), se interpuso recurso especial para la protección de los derechos fundamentales por causa de la inactividad de su Ayuntamiento a la hora de evitar los ruidos sufridos por los recurrentes en su vivienda. Al parecer las molestias venían causadas por las verbenas que habitualmente se celebraban en la plaza aledaña a la vivienda de los afectados los domingos de 11 horas a 15 horas. De esta manera, los recurrentes solicitaron a su ayuntamiento las medidas conducentes a evitar las molestias y, subsidiariamente, se acordase la suspensión de estas actividades.
En primera instancia, el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Las Palmas en su sentencia de 29 de marzo de 2016, dio la razón a los recurrentes, condenando al Ayuntamiento a la adopción de las medidas correspondientes a
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