Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de Hontanar Sánchez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 7512/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:7512
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Ayuntamientos; Derecho ambiental comunitario; Taxis
Resumen:
Mediante el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza Reguladora del Taxi. Normativa exhaustiva en cuanto a la regulación de este servicio, y que incluye algunos puntos que en su día levantaron cierta polémica, tales como la obligatoriedad de los titulares de la licencia de estar domiciliados en la Comunidad de Madrid, o la exigencia de carecer de antecedentes.
En cualquier caso, dicha Ordenanza fue recurrida por la Asociación de Empresarios Madrileños del Taxi ante la jurisdicción contencioso-administrativa, impugnando varios de sus artículos.
En lo que a nuestros efectos importa, la materia jurídico ambiental, debemos detenernos exclusivamente en la solicitud de anulación del artículo 16 de la Ordenanza, a través del cual se determina que «1. Los vehículos no podrán superar la antigüedad de 10 años contados desde su primera
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Carlos Altarrib Cano)
Autora: Aitana De la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 3063/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3063
Temas Clave: inmisiones por ruido; daños ambientales; prueba; acceso a la información; interesado
Resumen:
Esta Sentencia resuelve apelación al recurso contencioso interpuesto que fue desestimado por sentencia. Este recurso contencioso administrativo se interpuso contra una denuncia por inactividad frente a una inmisión por ruidos y una desestimación presunta de una solicitud de información. Por lo tanto, se plantean dos cuestiones, la primera relacionada con la contaminación acústica y la inactividad de la administración –en la que un vecino sufre molestias por ruidos provocado por un aparcamiento público de vehículos durante las 24 horas del día- y, la segunda, con el derecho de acceso a la información en manos de la administración pública por parte del interesado, en concreto en relación con la denegación por silencio de identificar a las personas que tramitaron el expediente administrativo en el que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Estrella Blanes Rodríguez)
Autora: Aitana De la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 3043/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3043
Temas Clave: autorización ambiental integrada; declaración de impacto ambiental; información pública; procedimiento único; suelo no urbanizable; nulidad
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso interpuesto por el Ayuntamiento de la Pobla del Duc, contra la resolución del Secretario Autonómico de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio Y Medio Ambiente de fecha 6.2.2015, desestimatoria del requerimiento previo, confirmando la Resolución de fecha 16.7.2014, dictada por la Dirección General de Evaluación Ambiental de fecha 18.2.2014, otorgando a SIG RENOVABLES SL una Autorización Ambiental Integrada, siendo parte demandadas la CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y MEDIO AMIBIENTE y SIG ENERGIAS RENOVABLES SL.
El motivo de impugnación se basa en anular las resoluciones y actos administrativos que otorgaban a SIG RENOVABLES UNA Autorización Ambiental Integrada (AAI). El motivo de dicha anulación yacía en que la misma Sala había dictados sentencia que devino firme nº
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de abril de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier Varona Gómez-Acedo)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 1554/2017 – ECLI:ES:TSJICAN:2017:1554
Temas Clave: Desarrollo sostenible; Instrumentos de planificación; Libertad de establecimiento; Libre prestación de servicios; Ordenación del territorio; Turismo sostenible
Resumen:
Con fechas de 28 y 30 de noviembre de 2011 se aprobó el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la Isla de Gran Canaria, mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Plan que fue hecho público a través de la Resolución de 28 de febrero de 2014.
De conformidad con las normas publicadas de este Plan Territorial, su objeto es el de «establecer previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico fijados en la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias y la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial la ordenación del turismo».
Parte del articulado de este Plan es recurrido por la Federación
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercer), de 13 de septiembre de 2017, asunto C-111/16, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación del Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y del Reglamento 178/2002, sobre seguridad alimentaria
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-111/16
Temas clave: Organismos modificados genéticamente, medidas de prohibición nacionales, adecuada aplicación del principio de cautela, elementos científicos fiables y no meras conjeturas
Resumen:
La cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los Reglamentos 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y 178/2002, sobre seguridad alimentaria, en el marco de un procedimiento penal contra el Sr. Giorgio Fidenato y los Sres. Leandro y Luciano Taboga, a los que se les imputa haber cultivado la variedad de maíz modificado genéticamente MON 810, infringiendo la normativa nacional que prohíbe este cultivo.
En concreto, la Comisión en 1998 autorizó la comercialización del maíz MON 810 mediante Decisión 98/294/CE, si bien el Gobierno italiano prohibió su cultivo mediante un decreto de 12 de julio de 2013, por el que se adoptan medidas
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