Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Rodríguez Laplaza)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CAT 7136/2018 – ECLI:ES:TSJCAT:2018:7136
Temas Clave: planeamiento urbanístico; usos del suelo; explotación ganadera; urbanismo
Resumen:
El 2 de febrero de 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lérida dictó sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto por un particular contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Naut Aran, de 28 de noviembre de 2013, de concesión de licencia de actividad a otro particular para una explotación de vacas de carne sita en Arties. La entonces recurrente interpuso el recurso de apelación que da origen al presente pronunciamiento. De una parte, pretende la nulidad de la resolución impugnada y de todas las que ella traen causa, solicitando el cese de la actividad, y en su caso, el precinto y las medidas pertinentes para evitar el desarrollo y efectos de la referida actividad. De otra, solicita indirectamente que se declare nulo el artículo 80.m) de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Rodríguez Laplaza)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ:STSJ CAT 6291/2018- ECLI:ES:TSJCAT:2018:6291
Temas Clave: instalación fotovoltaica; licencias de obra
Resumen:
A 8 de abril de 2014, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona dictó sentencia estimatoria del recurso contencioso administrativo formulado contra la Resolución del Alcalde de Les Masies de Roda, de 11 de julio de 2011. Dicha resolución requería al apelado que paralizase las obras desarrolladas en su propiedad “Más Casa del Mig” por no haberse formalizado, de un lado, los trámites previos de solicitud de licencia municipal, y de otro, la solicitud, en el plazo de dos meses, de la licencia de obras. Se advierte de la eventual instrucción del correspondiente expediente sancionador. La sentencia apelada anula el acto impugnado, reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado como consecuencia de los perjuicios derivados de la orden de paralización, tomando como base el daño emergente y el lucro cesante por la imposibilidad de efectuar
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 13 de septiembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Miguel Ángel Pérez Yuste)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CLM 2205/2018 – ECLI:ES:TSJCLM:2018:2205
Temas Clave: Delito ecológico; Derecho penal; Procedimiento administrativo; Procedimiento sancionador
Resumen:
Por un particular se interpone recurso contencioso-administrativo contra una Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se inadmite a trámite la solicitud de revisión de oficio presentada contra una Resolución de 2010 por la que se le imponía una multa de 3.000 euros por la comisión de una infracción menos grave prevista en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
El sustento de la revisión de oficio solicitada era que el recurrente había sido sancionado penalmente por los mismos hechos mediante sentencia de un Juzgado de lo Penal de Ciudad Real en 2014 (confirmada con posterioridad por la Audiencia Provincial en 2015, declarando ya en 2016, mediante Auto, que la responsabilidad civil derivada había sido satisfecha).
De este modo, arguye el recurrente que habida
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de abril de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ CV 1615/2018 – ECLI:ES:TSJCV:2018:1615
Temas Clave: Actuación Territorial Estratégica; Planificación; Impacto Ambiental; Espacios protegidos
Resumen:
Las entidades Colla Ecologista La Carrasca y Salvem l’aquïfer del Molinar impugnaron la Resolución aprobatoria del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE), denominada Alcoinnova Proyecto Industrial y Tecnológico, de 7 de julio de 2014. En el supuesto de autos, han sido partes codemandadas la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la empresa La Española Alimentaria Alcoyana S.A.
La Sala admite como hechos no controvertidos la creación de un parque tecnológico empresarial, en 8 parcelas, que abarca 469.261,16 m2. De los que 132.728,25 m2 son suelo forestal calificado como Parque Natural y 974,64 m2 conforman una vía pecuaria, siendo el sector único del total de la actuación de 335.557,57 m2.
El ámbito de la Actuación Territorial Estratégica estaba clasificado en el PGOU de Alcoy como suelo no urbanizable de protección forestal
Sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea (Sala Segunda), de 7 de noviembre de 2018, asunto C-461/17, por la que se resuelve cuestión prejudicial en relación con la interpretación de la Directiva de Hábitats y la Directiva de evaluación de impacto ambiental de proyectos
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-461/17
Temas clave: Hábitats; Evaluación de impacto ambiental; Principio de precaución; Evaluación adecuada
Resumen:
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 92/43/CEE, así como de la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Se presenta en el marco de un litigio entre varios ciudadanos irlandeses y la Agencia de Ordenación del Territorio irlandesa en relación con la autorización de un proyecto de extensión del periférico norte de la ciudad de Kilkenny (Irlanda) que incluye la implantación de 1,5 km de carretera de calzada única, la construcción de una primera rotonda y la adaptación de una segunda, la implantación de un sendero peatonal y de un carril para bicicletas cerca de la ciudad y otras
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