Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 26 de abril de 2019 (Sala de lo Contencioso Valencia. Sección 1. Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 2143/2019 – ECLI: ES:TSJCV:2019:2143
Temas Clave: Aguas; Aguas subterráneas; Contaminación; Vertidos, Autorización; Lixiviados; Dominio público hidráulico
Resumen:
Se interpone por la UTE Alicante recurso contencioso-administrativo, frente a la resolución de la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 20 de noviembre de 2015, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por aquélla contra la resolución de esa Presidenta de 21 de mayo de 2015, dictada en el expediente nº NUM000 , por la que se impuso a dicha UTE una sanción de 3.000 € por la comisión de una infracción calificada como leve tipificada en el art. 116.3.f) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la perpetración de los siguientes hechos: efectuar vertido indirecto de lixiviados a las aguas subterráneas, sin contar con la autorización correspondiente, en los polígonos NUM001 y NUM002 del término municipal de Alicante (centro de tratamiento de residuos urbanos de Alicante), en los piezómetros reseñados en tal
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de junio de 2019 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (art. 3, apartados 2 y 4, concepto de planes y programas y ámbito de aplicación), en conexión con la Directiva de hábitats (evaluación ambiental estratégica en Natura 2000)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), asunto C-321/18, ECLI:EU:C:2019:484
Temas Clave: Evaluación ambiental estratégica; Concepto de planes y programas; Natura 2000
Resumen:
El Consejo de Estado de Bélgica solicitó al Tribunal de Justicia pronunciamiento sobre el alcance de la Directiva de evaluación ambiental estratégica a los efectos de resolver el recurso interpuesto por la asociación ambiental Terre Wallone contra el Decreto del Gobierno Valón, de 1 de diciembre de 2016, que estableció los objetivos de conservación para el territorio valón Natura 2000, por no haberse sometido a evaluación ambiental estratégica.
El citado órgano judicial quería saber si la norma regional impugnada debía considerarse incluida entre los “planes y programas” que la citada Directiva (art. 3, apartados 2 y
Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de mayo de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 1571/2019 – ECLI: ES:TS:2019:1571
Temas Clave: Eficiencia energética; Fondo Nacional; Gas; Electricidad; Aportaciones y cuotas; Distribución y comercialización; Reserva de Ley; Principio de igualdad
Resumen:
El Alto Tribunal examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil “CIDE HC ENERGÍA, S.A.” contra la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en el año 2015.
Los motivos esgrimidos por la recurrente se basan, en primer término, en que la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, vulnera la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por cuanto su artículo 7.1 dispone que las compañías obligadas han de alcanzar un objetivo de ahorro de energía acumulado a nivel de usuario final. Añade que la normativa española ha establecido
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 5 de Abril de 2019 (Sala de lo Contencioso Valencia. Sección 1, Ponente: Lucía Débora Padilla Ramos)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 2109/2019 – ECLI: ES:TSJCV:2019:2109
Temas Clave: Plan Ordenación Recursos Naturales (PORN); Parque Natural; Autorización ambiental; Autorizaciones y licencias; Licencia de obra; Ordenación del territorio; Procedimiento administrativo; Procedimiento sancionador; Red Natura 2000; Urbanismo
Resumen:
La sentencia recurrida por la actora (José Ignacio), fue dictada el día 2 de Mayo de 2016, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche en el Procedimiento Ordinario número 553/2012, el fallo es del siguiente tenor “Que debo declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por José Ignacio contra la resolución del expediente de licencia de obra menor nº NUM000 del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, y en impugnación indirecta del decreto de declaración paraje natural el hondo, decreto del plan rector de uso y gestión del fondo, decreto de ordenación de los recursos naturales del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante”.
Se interpone el 3 de Junio de 2016, recurso de apelación contra la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de febrero de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Pleite Guadamillas)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 2194/2019 – ECLI: ES:TSJM:2019:2194
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Licencias; Ayuntamiento; Competencias; Emisiones; Olores; Sanción
Resumen:
La Sala examina el recurso de apelación formulado por la mercantil “Sarval Bio Industries Centro SLU” frente a la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Madrid.
Dos son las resoluciones que se cuestionan. La primera de fecha 29 de enero de 2016, que ordena la suspensión inmediata de los usos no autorizados y requiere la legalización de la modificación de la actividad de fabricación de grasas y aceites animales, así como la revocación de las licencias concedidas. La segunda de fecha 6 de junio de 2016, que impone a la recurrente una sanción de 30.001 euros por el uso del suelo y servicios de actividad de fabricación de grasas y aceites animales sin ajustarse a la licencia exigida en el artículo
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