Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 18 de diciembre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Miguel Blanco Domínguez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 5087/2019 – ECLI: ES: TSJCL:2019:5087
Palabras clave: Montes; Minas; Concesión; Autorización; Propiedad
Resumen:
La Junta Vecinal de la Baña recurre el Acuerdo nº 21/2017, de 25 de mayo de la Junta de Castilla y León por el que se otorga la concesión de uso privativo a “Couso Cotado, S.A.” de 56,85 ha en el monte “Valear, La Llama, La Cuesta y otros” del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de León, propiedad de la Junta Vecinal.
La actora pretende que se declare la nulidad de esta resolución. En primer lugar, alega la infracción del artículo 63 de la Ley 3/2009, de 6 de abril de Montes de Castilla y León en relación con los artículos 4.2, 16, 60, 102 y 105 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de enero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Carlos Zapata Híjar)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 58/2020 – ECLI:ES:TSJAR:2020:58
Palabras clave: Aves; Biodiversidad; Caza; Fauna; Medio rural
Resumen:
Una asociación ecologista recurre la Orden de 20 de julio de 2015 del Consejero de Desarrollo y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2015/2016, solicitando su nulidad. Son partes demandadas, tanto la propia administración pública que ha aprobado el Plan como la Federación Aragonesa de Caza.
El recurso pivota fundamentalmente en que el Plan de Caza recurrido estaría vulnerando la Directiva de Aves (Directiva 2009/147/CE), básicamente en cinco puntos:
Al permitir la caza de determinadas especies que precisarían de limitación o al menos justificación de su permiso de caza, debido al estado de su población (en especies como la Agachadiza común, la tórtola europea, la codorniz, etc.). Al permitir la caza de especies de las que se desconoce su estado
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 13 de enero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Carlos Zapata Híjar)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 54/2020 – ECLI:ES:TSJAR:2020:54
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Instrumentos de gestión y planificación
Resumen:
Por unos particulares se interpone recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 187/2014, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Protección del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. Este espacio natural situado en la provincia de Teruel, cuenta con una superficie de 6.829,05 hectáreas, cuyos principales elementos de interés los constituyen sus formaciones de areniscas y conglomerados, las importantes extensiones de pino rodeno y las manifestaciones de Arte Rupestre, según consta en la página web del Gobierno de Aragón. En concreto, los recurrentes son propietarios de varios terrenos que suman más de 300 hectáreas ubicados en este espacio natural.
Paisaje protegido Pinares de Rodeno (Teruel). Fuente: Wikipedia (sin fines comerciales)
Según consta en la sentencia examinada, este Paisaje Protegido contaba con un Plan de Uso y Gestión (Decreto 65/1998, de 15 de marzo), que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 18 de diciembre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo Castillo)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ AND 18557/2019 – ECLI: ES:TSJAND:2019:18557
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial de la Administración; Animales salvajes; Parque Natural Sierra de Baza; Cotos de caza; Daños; Lucro cesante
Resumen:
Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución presunta desestimatoria de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada en fecha de 11 de febrero de 2016 ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, como consecuencia de los daños producidos por animales salvajes en la finca de un particular, por importe de 44.224 euros.
La argumentación esgrimida por la recurrente se basa en que la Administración autonómica conoce perfectamente la problemática que acontece en el Parque Natural Sierra de Baza acerca de los daños provocados por animales salvajes en las fincas de labor limítrofes. A su entender, resultan insuficientes las batidas autorizadas por la Administración a los cotos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 10 de diciembre de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Adriana Cid Perrino)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 4986/2019 – ECLI: ES:TSJCL:2019:4986
Temas Clave: Minería; Canteras; Licencia ambiental; Evaluación de impacto ambiental
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso-administrativo formulado por la mercantil CANTERAS PEÑAMALA S.A contra la sentencia de 17 de marzo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.° 1 de León. Como apelada figura la entidad GRAVERAS DEL BIERZO S.A.
La parte apelante alega que la sentencia de instancia no ha interpretado correctamente la normativa aplicable al considerar que la actividad de cantera y planta de tratamiento de áridos desarrollada por la citada mercantil está sujeta a procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y ello por entender que a la fecha de haberse obtenido por silencio administrativo la licencia ambiental solicitada, aunque se encontraba en vigor el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
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