Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 31 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 134/2022- ECLI:ES:TSJCANT:2022:134
Palabras clave: Acceso a la justicia. Caza. Información ambiental. Instrumentos de planificación. Lugares de importancia comunitaria (LIC). Parques Nacionales. Participación. Ordenación de los recursos naturales. Zona de especial protección para las aves (ZEPA).
Resumen:
El supuesto de autos versa sobre la impugnación del Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2019/2020 aprobado por Orden MED/7/2019, de 2 de abril (BOC 5 de abril de 2019), por parte de una asociación ecologista.
La recurrente considera que se ha omitido el trámite de participación e información pública, y considera insuficientes la motivación técnica, la evaluación de las consecuencias, la memoria de temporada, los informes o estudios técnicos, máxime cuando se trata de un plan que afecta a una reserva.
En relación a la aprobación del plan controvertido, se citan los artículos 14 y 45 de la Ley de Cantabria 12/2006, de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de junio de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Evaristo González González)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ ICAN 2575/2021 – ECLI:ES:TSJICAN:2021:2575
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Contaminación acústica. Derechos fundamentales. Ruido.
Resumen:
El supuesto de autos que traemos a colación versa sobre la apelación de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife (sin fechar), estimatoria de un recurso contencioso-administrativo frente al Decreto de 6 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Esta resolución declaró la vulneración de los derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de unos particulares (artículos 18.1 y 2 de la Constitución Española) por la producción de ruidos en un local destinado a actividades de hostelería. Mediante la misma, se requirió a la sociedad civil titular para que en el plazo de tres meses realizara obras con el propósito de mitigar el impacto acústico que sufrían los particulares en su vivienda, quienes,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 13 de mayo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Antonio Parada López)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 697/2021 – ECLI:ES:TSJCANT:2021:697
Palabras Clave: Autorizaciones y licencias. Declaración de Impacto Ambiental. Minería. Procedimiento sancionador. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP).
Resumen:
El supuesto que traemos a colación versa sobre la resolución del recurso de apelación interpuesto por Ecologistas en Acción contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, de 11 de diciembre de 2019. Este pronunciamiento fue desestimatorio del recurso contencioso administrativo presentado contra la resolución del Ayuntamiento de Camargo, de 10 de noviembre de 2015, en relación con la producción de ruidos debido a la circulación de camiones por la CA-240, y la petición de apertura de un expediente sancionador por el funcionamiento de la actividad de la cantera ‘El Cubo’ de Peñas Negras sin licencia.
La recurrente menciona la medida correctora considerada en un estudio acústico, de 15 de marzo de 2013, consistente en construir un vial
Sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 2021, demandas 19925/12 y 47532/13
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Palabras Clave: Derechos fundamentales. Información ambiental. Salud.
Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Resumen:
El supuesto de autos versa sobre la petición de información por parte de un periodista, en relación con el impacto ambiental y sobre la salud de un radar militar en la región azerí de Gabala. La solicitud de dicha información fue denegada por el Ministerio de Salud, quien alegó no estar en posesión de la misma y remitió al solicitante a realizar de nuevo la petición ante el Gabinete de Ministros.
En septiembre de 2011, la Corte Suprema de Azerbaiyán confirmó las resoluciones del tribunal de instancia y del de apelación, en el sentido de que el Ministerio de Salud cumplió con sus obligaciones en materia de información, al facilitar a la parte actora la localización de la misma (arts. 27 y 17.2 de la Ley de Acceso a la Información nacional.
Tras reiterar su petición ante Gabinete de Ministros, a finales de 2011, el Tribunal Económico Administrativo de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 19 de noviembre de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Antonio Parada López)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ GAL 6553/2021 – ECLI:ES:TSJGAL:2021:6553
Palabras Clave: Derechos fundamentales. Evaluación ambiental. Evaluación ambiental estratégica. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Evaluaciones ambientales. Contaminación atmosférica. Contaminación de suelos. Contaminación por nitratos. Contaminación transfronteriza. Ganadería.
Resumen:
En el supuesto de autos, dos particulares impugnan la Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, de 8 de octubre de 2019, por la que se formula el informe de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de una explotación de pollos en Congostro. De este caso, destaca que todos los motivos de impugnación alegados tienen incidencia ambiental como se expone a continuación.
El primero de dichos motivos es la infracción de los artículos 53 y 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en conexión los artículos 6.2 de la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
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