Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOE núm. 68, de 10 de abril de 2015
Temas clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Usos en el suelo no urbanizable
Resumen:
Esta Ley modifica diversos aspectos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, bien por causa de su adaptación a la normativa estatal dictada en la materia, como por ejemplo la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, bien sea por la sentencia del Tribunal Constitucional número 148/2012, de 5 de julio, que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno de España en 2002 contra diversos preceptos de la Ley 15/2001.
Al margen de estas variaciones impuestas por normas estatales y de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, se aprovecha para modificar otras muchas cuestiones, como la que afecta al suelo no urbanizable, alterando diversos preceptos que afectan al régimen de esta clase de suelo. Así, los apartados 3 a 7 del artículo
Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOE núm. 64, de 6 de abril de 2015
Temas clave: Contaminación de suelos; Prevención ambiental; Responsabilidad ambiental
Resumen:
Este Decreto tiene por objeto el desarrollo del procedimiento para la regulación de los suelos potencialmente contaminados existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, todo ello en seguimiento de la legislación estatal básica -Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, que establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados-, y de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura -artículos 90 a 95-. En concreto, esta norma autonómica reclama el desarrollo reglamentario en esta materia, que debe establecer las medidas específicas y los instrumentos de intervención destinados a la protección del suelo, entre los que se incluirán la identificación de las
Se aprueba la Orden de 27 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se aprueba la Estrategia Extremeña contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOE núm. 66, de 8 de abril de 2015
Temas Clave: Caza; Delito ecológico; Especies amenazadas; Plaguicidas; Productos fitosanitarios
Resumen:
Esta Estrategia tiene como objetivo principal la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural en Extremadura, en cuyo territorio, en el periodo de 2003 a 2013, se produjeron 223 casos de envenenamiento de especies protegidas. A fin de luchar contra este problema, la Estrategia plantea cinco líneas de actuación:
-Aumento en el intercambio de información y mejora del conocimiento.
-Desarrollo y ejecución de operativos específicos encaminados a la prevención y a la disuasión.
-Investigación y persecución del delito.
-Actuaciones penales y administrativas.
-Otras actuaciones complementarias a las anteriores.
Esta Estrategia deberá ser desarrollada anualmente mediante un Plan de Acción que recogerá las líneas de actuación concretas, cronología y dotación.
Documento adjunto:
Se aprueba la Orden de 9 de marzo, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se publica el Acuerdo, de 9 de marzo de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales en relación con las inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuenca del Ebro durante la última semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de 2015
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOA núm. 47, de 10 de marzo de 2015
Temas Clave: Desastres naturales; Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC); Red natura
Resumen:
A través de esta Orden se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón declarando la existencia de razones imperiosas de interés público, que ampara la posibilidad de contradecir algunas determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del río Ebro (Tramo Zaragoza-Escatrón), a fin de proceder a reparar las infraestructuras (y ejecutar obras de prevención), por los daños causados por las inundaciones ocasionadas en el desbordamiento del río Ebro de finales de febrero y comienzos del mes de marzode 2015.
El uso de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Amparo Guilló Sánchez Galiano)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 2779/2015 – ECLI:ES:TSJM:2015:2779
Temas Clave: Actividades clasificadas; Declaración de impacto ambiental; Efectos acumulativos y sinérgicos
Resumen:
La Sala analiza el recurso contencioso administrativo interpuesto por una Plataforma Ciudadana, contra una Resolución de 4 de mayo de 2012 de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la cual se otorgó a una mercantil autorización administrativa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural en un municipio de Tenerife. Igualmente, en el suplico de la demanda interpuesta se solicitaba la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del proyecto, acordada por Resolución de 8 de junio de 2007 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático.
La entidad recurrente aduce una multitud de motivos sustentadores de su pretensión anulatoria, de los cuales sólo uno de ellos es admitido por la Sala, y que le
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