Se aprueba la Orden de 27 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se aprueba la Estrategia Extremeña contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOE núm. 66, de 8 de abril de 2015
Temas Clave: Caza; Delito ecológico; Especies amenazadas; Plaguicidas; Productos fitosanitarios
Resumen:
Esta Estrategia tiene como objetivo principal la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural en Extremadura, en cuyo territorio, en el periodo de 2003 a 2013, se produjeron 223 casos de envenenamiento de especies protegidas. A fin de luchar contra este problema, la Estrategia plantea cinco líneas de actuación:
-Aumento en el intercambio de información y mejora del conocimiento.
-Desarrollo y ejecución de operativos específicos encaminados a la prevención y a la disuasión.
-Investigación y persecución del delito.
-Actuaciones penales y administrativas.
-Otras actuaciones complementarias a las anteriores.
Esta Estrategia deberá ser desarrollada anualmente mediante un Plan de Acción que recogerá las líneas de actuación concretas, cronología y dotación.
Documento adjunto:
Se aprueba la Orden de 9 de marzo, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se publica el Acuerdo, de 9 de marzo de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales en relación con las inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuenca del Ebro durante la última semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de 2015
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOA núm. 47, de 10 de marzo de 2015
Temas Clave: Desastres naturales; Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC); Red natura
Resumen:
A través de esta Orden se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón declarando la existencia de razones imperiosas de interés público, que ampara la posibilidad de contradecir algunas determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del río Ebro (Tramo Zaragoza-Escatrón), a fin de proceder a reparar las infraestructuras (y ejecutar obras de prevención), por los daños causados por las inundaciones ocasionadas en el desbordamiento del río Ebro de finales de febrero y comienzos del mes de marzode 2015.
El uso de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Amparo Guilló Sánchez Galiano)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 2779/2015 – ECLI:ES:TSJM:2015:2779
Temas Clave: Actividades clasificadas; Declaración de impacto ambiental; Efectos acumulativos y sinérgicos
Resumen:
La Sala analiza el recurso contencioso administrativo interpuesto por una Plataforma Ciudadana, contra una Resolución de 4 de mayo de 2012 de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la cual se otorgó a una mercantil autorización administrativa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural en un municipio de Tenerife. Igualmente, en el suplico de la demanda interpuesta se solicitaba la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) del proyecto, acordada por Resolución de 8 de junio de 2007 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático.
La entidad recurrente aduce una multitud de motivos sustentadores de su pretensión anulatoria, de los cuales sólo uno de ellos es admitido por la Sala, y que le
Se aprueba el Decreto 38/2015, de 26 de febrero, de residuos sanitarios de Galicia
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG núm. 62, de 1 de abril de 2015
Temas Clave: Residuos sanitarios; Salud
Resumen:
Este Decreto 38/2015, que deroga el anterior Decreto 460/1997, de 21 de noviembre, tiene por objeto la regulación de los residuos sanitarios, en lo que alcanza a las actividades de producción y gestión de dichos residuos, a fin de prevenir riesgos tanto de las personas expuestas como en la salud pública y el medio ambiente.
El Decreto clasifica los residuos sanitarios en dos tipos (no peligrosos y peligrosos) y cinco clases, remitiéndose a estos efectos al Anexo VII del Decreto, en el que se recoge una nueva categorización de los mismos respecto de la normativa anterior. Esta clasificación de los residuos tiene repercusiones en la distinta gestión que, intracentro o extracentro, debe efectuarse de los mismos -artículos 5 a 13-.
En lo que atañe a las competencias de supervisión de la gestión de los residuos sanitarios, el Decreto distingue entre la gestión intracentro, cuyas operaciones quedan bajo el control de la consejería de sanidad, respecto de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 6 de marzo de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Carlos Zapata Híjar)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AR 271/2015 – ECLI:ES:TSJAR:2015:271
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Contaminación acústica; Ruidos
Resumen:
La Sala analiza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 de Zaragoza de 23 de mayo de 2012, a través de la cual se anulaban dos condicionantes de la Autorización Ambiental Integrada (en adelante, AAI) otorgada por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante, INAGA) a un proyecto de ampliación de industria cárnica. Es parte apelante el Gobierno de Aragón.
En lo que a efectos de este comentario interesa, uno de los condicionantes de la AAI anulados por la sentencia de instancia, concernía a la imposición en la autorización de adoptar medidas para que el ruido exterior de las instalaciones no superase la Ordenanza aplicable en el municipio, obligando a la empresa autorizada a realizar, mediante un Organismo de Control Autorizado, una medida de ruido a los seis meses a contar desde la puesta en
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