Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 10 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José María Pérez-Crespo Paya)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ MU 511/2017 – ECLI:ES:TSJMU:2017:511
Temas Clave: Agricultura; Costas; Zona de servidumbre de protección
Resumen:
A través de la Resolución de 23 de agosto de 2011 de la Dirección General de Transportes y Puertos de la administración regional de Murcia, se autorizó a una mercantil a la realización de obras en parcelas afectadas por la zona de servidumbre de protección de costas, a fin de instalar unos invernaderos. Según consta en la sentencia, la autorización incluía la implantación de un cultivo agrícola de hortícolas, en una extensión de 11,9 hectáreas, en el término municipal de Mazarrón. La ejecución de las obras, incluía taludes con más de 3 metros de altura.
La Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, recurrió tal resolución, previo el requerimiento potestativo previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, basando sus pretensiones anulatorias en que las obras autorizadas no se encontraban entre los usos permitidos en el artículo 25.2 de la Ley
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 28 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María José Margareto García)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AS 874/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:874
Temas Clave: Clasificación de suelos; Inundabilidad; Planeamiento urbanístico; Riesgos naturales
Resumen:
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias analiza el recurso interpuesto por una mercantil contra el Acuerdo de 30 julio de 2015 de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) a través del cual se aprobaba el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Valdés.
El motivo sobre el que pivota el recurso se sustenta en la ausencia de un informe acerca de la inundabilidad de una unidad de actuación colindante con el río Negro situada en la parroquia de Luarca (perteneciente al concejo de Valdés), propiedad de los recurrentes.
Así, según consta en la propia sentencia analizada, dentro del expediente de tramitación del Plan General, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico había solicitado la emisión de dicho informe de inundabilidad, que no fue finalmente realizado, por lo que el
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de Hontanar Sánchez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 1388/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:1388
Temas Clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable
Resumen:
Con fecha de 28 de enero de 2016, por la Comisión de Urbanismo de Madrid se dictó Acuerdo a través del cual se otorgaba calificación urbanística solicitada por una entidad mercantil para la instalación de un vivero y usos asociados en una parcela rústica en la localidad de San Sebastián de los Reyes, clasificada como suelo no urbanizable de protección. Según se recogía en la propia Memoria del proyecto, se solicitaba para desarrollar un “conjunto de referencia en paisajismo sostenible, destinado al cultivo y exposición de especies xerófitas (plantas que se adaptan a zonas con escasez de agua, tales como entornos esteparios o desérticos), complementado con actividades de ocio y servicios relacionados con la jardinería sostenible”. Todo ello en uso de la tradicional posibilidad de, en esta clase de suelo, autorizar determinados usos que sean de interés público o social,
Se aprueba el Plan de acción para la lucha contra el uso ilegal del veneno en el medio natural de Galicia
Autor: Dr. Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOG núm. 74, de 18 de abril de 2017
Temas Clave: Biodiversidad; Caza; Especies amenazadas; Protección de especies; Uso ilegal de venenos
Resumen:
Mediante la Orden de 20 de febrero de 2017, se ha aprobado el Plan de acción para la lucha contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de Galicia, que sigue las directrices de la Estrategia nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural (aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, el 23 de septiembre de 2004).
Este Plan, que se recoge como anexo I a la citada Orden, contiene, al margen de los apartados de Diagnosis y Marco legal, la finalidad y objetivos del Plan, así como las líneas de actuación (incluyendo los medios) y el calendario de actuaciones, entre otras cuestiones.
Documento adjunto:
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 5 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier Varona Gómez-Acedo)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 2796/2016 – ECLI:ES:TSJICAN:2016:2796
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales; Ruidos
Resumen:
Por una familia de la localidad de Vega de San Mateo (municipio de la Isla de Gran Canaria), se interpuso recurso especial para la protección de los derechos fundamentales por causa de la inactividad de su Ayuntamiento a la hora de evitar los ruidos sufridos por los recurrentes en su vivienda. Al parecer las molestias venían causadas por las verbenas que habitualmente se celebraban en la plaza aledaña a la vivienda de los afectados los domingos de 11 horas a 15 horas. De esta manera, los recurrentes solicitaron a su ayuntamiento las medidas conducentes a evitar las molestias y, subsidiariamente, se acordase la suspensión de estas actividades.
En primera instancia, el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Las Palmas en su sentencia de 29 de marzo de 2016, dio la razón a los recurrentes, condenando al Ayuntamiento a la adopción de las medidas correspondientes a
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