Decreto 17/2017, de 21 de abril, por el que se fijan los principios generales de exoneración de las condiciones urbanísticas de las edificaciones y las instalaciones agrarias y complementarias en explotaciones agrarias en el ámbito de las Illes Balears
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOIB núm. 48, de 22 de abril de 2017
Temas Clave: Agricultura; Suelo rústico; Instalaciones agrarias; Condiciones urbanísticas
Resumen:
Las actividades agraria y complementaria se consideran esenciales no solo como actividad de producción, sino también en los ámbitos social, territorial, paisajístico y medioambiental. En algunas ocasiones, su desarrollo conlleva la necesidad de construir instalaciones, construcciones y edificaciones que, por su tipología, no se ajustan a las condiciones urbanísticas de carácter general.
En este marco, el Decreto tiene por objeto, de acuerdo con el artículo 21.3 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico de las Illes Balears, y únicamente para los usos agrarios, fijar los principios generales de exoneración de las condiciones urbanísticas de las edificaciones y las instalaciones agrarias y complementarias en explotaciones agrarias, y establecer un marco jurídico básico aplicable al ámbito de la
Sentencia 36/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo de 2017 (Ponente: Adela Asua Batarrita)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 83, de 7 de abril de 2017
Temas Clave: Energía eléctrica; Instalaciones; Información; Inspección; Autorización; Régimen retributivo; Estadística; Competencias ejecutivas
Resumen:
Se plantea en este caso un conflicto positivo de competencia por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra los arts. 8, apartados 1 y 2, 30 y 35.1 a) i) y la disposición final primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Estos preceptos imponen a los titulares de las instalaciones la obligación de remitir determinada información directamente a la Administración General del Estado, o le atribuyen a esta Administración facultades ejecutivas (inspección y autorización) en relación con las instalaciones de producción eléctrica.
La Abogada de la Generalitat alega que a través de estos preceptos se atribuyen al Estado funciones ejecutivas que no le corresponden. Por su parte, el Abogado del Estado entiende que
Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 87, de 12 de abril de 2017
Temas Clave: Emisiones industriales; Grandes instalaciones de combustión; Medición; Información
Resumen:
Esta orden se aprueba en virtud de la habilitación recogida en la disposición final sexta del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, que autoriza al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones de carácter técnico resulten necesarias para su correcta aplicación y en particular para modificar los anejos de acuerdo con la normativa comunitaria.
La Ley 16/2002, de 1 de julio, establece que las
Cantabria y Navarra designan Zonas Especiales de Conservación y aprueban sus Planes de Gestión
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOC núm. 70, de 10 de abril de 2017, BOC núm. 72, de 12 de abril de 2017, BON núm. 82, de 28 de abril de 2017
Temas Clave: Red Natura 2000; Zonas Especiales de Conservación; Planificación
Resumen:
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha designado como ZEC cinco lugares de importancia comunitaria litorales (Rías Occidentales y Duna de Oyambre, Dunas de Liencres y Estuario del Pas, Dunas del Puntal y Estuario del Miera, Costa Central y Ría de Ajo, Marismas de Santoña, Victoria y Joyel) y nueve fluviales (Ríos Deva, Nansa, Pas, Asón, Agüera, Río y Embalse del Ebro, Camesa, Miera y Saja) de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y, al mismo tiempo, ha aprobado sus Planes Marco de Gestión. Estos Planes han sido elaborados en la línea de las exigencias de la normativa de la Unión Europea y, por lo tanto, contienen las acciones, medidas y directrices que responden a las exigencias ecológicas de los hábitats y taxones presentes en el lugar recogidos
Propuesta de Refundición de la Directiva sobre fuentes de energía renovables
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: COM/2016/0767 final/2 – 2016/0382 (COD)
Temas Clave: Energías Renovables; Objetivo vinculante; Electricidad, Calefacción y refrigeración; Transporte
Resumen:
El Presidente Juncker ya ha definido la ambición de que la UE se convierta en líder mundial en el sector de las energías renovables como una de las prioridades políticas fundamentales de la Comisión.
El nuevo marco en materia de clima y energía establece el objetivo de la UE de al menos un 27% de cuota de energías renovables en el consumo de la UE en 2030. Lo que resulta novedoso es que este marco se basa exclusivamente en un objetivo vinculante a escala de la UE, que no se traduce en objetivos nacionales. Así, el objetivo de la Unión para 2030 puede alcanzarse más fácilmente mediante una asociación en la que los Estados miembros combinen sus medidas nacionales y cuenten con el respaldo de un marco regulador, como se señala en la presente Propuesta.
La Propuesta establece los principios por los que los Estados miembros podrán garantizar, de forma colectiva
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