Sentencia 116/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 19 de octubre de 2017 (Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE Núm. 278, de 16 de noviembre de 2017
Temas Clave: Aguas; Aragón; Reserva hídrica; Cuencas inter o intracomunitarias; Gestión; Estatuto de Aragón; Participación; Cooperación; Registro; Concesiones; Policía, inspección y vigilancia; Informes determinantes; Instituto Aragonés del Agua; Embalses y balsas; Reservas naturales fluviales; Vertidos
Resumen:
El recurso promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón, se estructura en dos grupos de preceptos. En un primer bloque se impugnan los artículos 1.2 b), c) y d); 4 aa); 5 a) y p); 7.1; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2 a) 1, y c) 2; 50; 69 a), d) y f) 1; 70 a) y c) y la disposición transitoria primera, por considerar que reconocen la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para la gestión de la denominada reserva hídrica de 6.550 hm3, fragmentando con ello la unidad de las cuencas que, en razón de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 5 de octubre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón Sastre Legido)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3439/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3439
Temas Clave: Urbanismo; Energía eléctrica; Distancias; Competencias
Resumen:
La Mercantil Unión Fenosa Distribución, S.A. impugna el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. El objeto de su pretensión es que se anule dicho Decreto en su totalidad o, subsidiariamente, que se anule el apartado 6 que se añade al artículo 18 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
La causa en la que se ampara la recurrente para justificar la nulidad total del decreto impugnado es no habérsele concedido el trámite
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 28 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón Sastre Legido)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3419/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3419
Temas Clave: Actividades clasificadas; Licencia de actividad; Informe vinculante
Resumen:
La Sala conoce del recurso de apelación formulado por un particular frente a la sentencia de 31 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de León, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Decreto de la Alcaldía de Villamañán (León) de 30 de noviembre de 2001 por el que se concedió licencia de actividad para una explotación de ganado ovino que se ubica en una parcela clasificada como suelo rústico.
Resulta aplicable a este supuesto la Ley de Castilla y León 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, vigente en aquellas fechas, a cuyo tenor la licencia de actividad estaba sujeta a un previo informe de la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas, que tenía carácter vinculante para el Alcalde, en caso de que implicara la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Valentin Jesus Varona Gutierrez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3169/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3169
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial; Lobo; Sistema de ayudas; Daños
Resumen:
El presente recurso trae causa de la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por una mercantil con fecha 15 de diciembre de 2015, ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los ataques de lobos en la explotación ganadera de su propiedad en la finca Batanejos-Campo Azalvaro, sita en término municipal de Navas de San Antonio (Segovia), por importe de 33.644,50 euros.
He seleccionado esta sentencia porque a través de su contenido se efectúa un pormenorizado repaso de la postura mantenida por la Sala del TSJ y por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en orden a la concurrencia de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigibles para apreciar
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 25 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ana María Victoria Martínez Olalla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: TSJ CL 3112/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3112
Temas Clave: Montes; Minas; Concesión; Uso privativo
Resumen:
La Junta Vecinal de Villanueva de la Tercia impugna el acuerdo 28/2014, de 27 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se otorga a Explotaciones Suabar, S.L. la concesión de uso privativo de 11,17 ha en el monte “La Cabra y La Rasa” nº 981 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de León del que es titular, sito en el término municipal de Villamanín, y el acuerdo de la misma Junta de Castilla y León de 9 de abril de 2015, por el que se desestima el recurso de reposición presentado contra aquel. Pretende su anulación así como la de la Circular 1/2013 del Director General de Energía y Minas.
La Administración autonómica fundamenta sus resoluciones en que por parte de la mercantil se solicita la
|
