Galicia declara como espacio privado de interés natural el espacio de Fragas e Brañas do Alto do Gaitero (Mesía), aprueba sus normas de gestión y conservación
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de Galicia, número 86, de 4 de mayo de 2022
Palabras clave: Custodia del territorio. Conservación privada. Biodiversidad. Propiedad privada.
Resumen:
La custodia del territorio se entiende como la implicación de la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad. Los instrumentos para llevar a cabo este tipo de iniciativas pueden ser tanto de derecho privado (compraventa, arrendamiento, donación, permuta, etc.) como de derecho público. En este sentido, existen múltiples ejemplos de Comunidades Autónomas que han establecido figuras legales que dan amparo a estas experiencias. Así, la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, reconoce los espacios privados de interés natural (en adelante, EPIN) como una de las categorías en las que se clasifican los espacios naturales protegidos. El artículo 39 de esta ley establece la posibilidad de que las personas propietarias o titulares de un derecho de uso de
El País Vasco finaliza el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de los Montes Altos de Vitoria
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de País Vasco, número 85 de fecha 4 de mayo de 2022
Palabras clave: Espacio natural protegido. Gestión. Biodiversidad. Recursos naturales. Red Natura 2000. Parque Natural.
Resumen:
El origen de este instrumento de gestión parte de una Orden de hace 12 años, en concreto de febrero de 2010. En esta Orden se establecía que, en base al procedimiento y la información recogida, se dotaría a la zona de una figura legal de conservación que mejor se ajustase a su naturaleza, con el fin de llevar a cabo una correcta gestión.
A continuación, se elaboró un documento inicial de Ordenación de los Recursos Naturales, con las pertinentes reuniones de participación llegando a aprobarse de manera inicial en julio del 2012.
A resultas de ello, se elaboró una memoria técnica en la que se concluía lo siguiente: «En consecuencia, y a la vista de todo ello, se considera más oportuno y efectivo
Sentencia 18/2022, de 8 de febrero de 2022, del Pleno del Tribunal Constitucional (Ponente: Ricardo Enríquez Sancho)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial de Estado, número 59, de 10 de marzo de 2022
Palabras clave: Litoral. Autorización. Ayuntamiento. Dominio público marítimo terrestre. Playas.
Resumen:
Consideramos de interés la presente sentencia pues el objeto de discusión se centra en los artículos 20.1 b) y 30 d) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral, que atribuyen a los ayuntamientos competencia para otorgar «autorizaciones» para actividades previstas en los planes de uso del litoral y de las playas, de la siguiente manera: «Artículo 20. Servicios de temporada y actividades previstos por los planes de uso del litoral y de las playas. 1. Corresponde a los ayuntamientos, de acuerdo con los respectivos planes de uso del litoral y de las playas: […] b) El otorgamiento de las autorizaciones para el resto de actividades previstas por el plan de uso del litoral y de las playas». «Artículo 30. Competencias de los ayuntamientos. Corresponde a los ayuntamientos, en
Orden de 13 de mayo de 2022 de aprobación del Plan de Inspección Ambiental de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 2022-2028
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de la Región de Murcia número 113, de fecha 18 de mayo de 2022.
Palabras clave: Residuos. Contaminación. Medio Ambiente. Salud humana. Autorización. Calidad ambiental.
Resumen:
El nuevo marco legal establecido por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en el marco de la normativa europea como el Reglamento (CE) 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, modificado por el Reglamento (UE) 660/2016, fija la obligación de establecer planes de inspección basados en una evaluación de riesgos, por lo que tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas, deberán reforzando las disposiciones sobre inspecciones anteriormente vigentes, por lo que, tanto la Administración General del Estado como las Comunidades autónomas, deberán planificar las inspecciones de traslados transfronterizos de residuos.
Así es como se ha desarrollado el Plan de Inspección Ambiental de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de fecha de 10 de marzo de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: María Consuelo Uris Lloret)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ MU 232/2022 – ECLI:ES:TSJMU: 2022:232
Palabras clave: Agricultura. Mar menor. Espacio Natural Protegido. Aguas. Regadíos. Procedimiento sancionador. Principio arbitrariedad. Principio irretroactividad. Principio confianza legítima.
Resumen:
En esta sentencia, interviene como actora un particular, mientras que la parte demandada es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Ministerio de Transición Ecológica.
Una resolución de la Dirección General del Agua de Murcia, acordó ordenar una restitución de terrenos en una zona de Cartagena, de una extensión de casi 5 has, ubicada en el ámbito de protección del Mar Menor, establecido por la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Establece dicha norma que los regadíos han sido prohibidos. Por consiguiente, obliga a la restitución de dichos terrenos por haber llevado a cabo un uso privativo del agua en parcelas no autorizadas por la Confederación, con la presentación
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