Crónica de las Jornadas Internacionales sobre entes locales y transición energética, Universidad de Málaga, 23 de enero de 2020 *
Autora: Eva Gonzalez Vicente, Contratada de la Universidad de Castilla-la Mancha
Palabras clave: Ayuntamientos; Cambio climático; Eficiencia energética; Energías renovables; Transición energética; Urbanismo; Formación; Universidad
Resumen:
Este encuentro ha sido el primero celebrado desde que el pasado martes 21 de enero el Gobierno español declarase la emergencia climática en nuestro país. La finalidad de la declaración es la adopción de 30 líneas de acción prioritarias, destinadas a la consecución de una óptima transición energética para la lucha del cambio climático; una de las cuales es el fomento de las energías renovables. No podía resultar más oportuno, por tanto, el motivo de esta Jornada dedicada a la contribución por parte de los entes locales en esta lucha, siguiendo la máxima: piensa globalmente, actúa localmente.
La Jornada se desarrolló en tres bloques diferenciados en tres mesas redondas. La primera fue moderada por Tomás Quintana López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y también Procurador del Común de Castilla y León. El primer ponente, José Francisco Alenza García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad pública de Navarra, mostró el papel de los entes locales en relación con los objetivos de la Unión Europea de sostenibilidad ambiental, la seguridad en el abastecimiento, así como la competitividad mediante el desarrollo tecnológico para reducir las importaciones de terceros países, puesto que tiene una dependencia energética del 53%, aumentando este porcentaje en el caso de España hasta un 70,5%. A pesar de ser una institución poco tenida en cuenta en un primer momento, ha ido ganando peso como se puede apreciar con la Directiva 2018/2001 de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, donde los entes locales adquieren un papel relevante a la hora de adoptar medidas en materias de su competencia como son urbanismo, vivienda, ordenación o planificación del territorio. Ello también se puede apreciar a través de iniciativas como el Pacto de Alcaldes, un movimiento europeo cuyos protagonistas son las autoridades locales y regionales, mediante el cual se comprometen a la utilización de fuentes de energía renovable y a conseguir una mejora en la eficiencia energética
Además, los entes locales deben promover las energías limpias y la eficiencia energética en aquellas materias que sean de su competencia como pueden ser el transporte y movilidad, urbanismo, planes locales de energía y clima, la planificación territorial urbanística, la fiscalidad local a través de impuestos como el IAE, el IVTM, el ICIO o las tasas de basura, la gestión de edificios públicos o el alumbrado exterior. Un ejemplo de este fomento se aprecia en el impulso de la electromovilidad, a través de ayudas como los planes MOVELE o MOVES.
Por su parte, la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de León Ana Belén Casares Marcos se centró en la rehabilitación urbana. Un aspecto clave si tenemos en cuenta que más de un 90% de la edificación española requiere de actuaciones de eficiencia energética y que en 2050 el 80% de la población vivirá en lugares urbanos, agravándose la contaminación si no se actúa en consonancia. Luchar contra ello requiere una regulación que aúne energía, cambio climático y urbanismo. Esta integración se recoge a nivel nacional en la Ley 8/2013 de Rehabilitación, regeneración y renovación urbana, además de la Ley de Ordenación de la Edificación, Código Técnico de Edificación y el Registro de Instalaciones de Producción Energía Eléctrica. A nivel europeo, contamos con la Directiva 2018/844 en materia de eficiencia energética de los edificios, que ha sido decisiva al integrar medidas ambiciosas de rehabilitación.
La segunda mesa redonda nos acercó a la regulación de los países vecinos como Italia y Alemania. El Dr. Nicola Gullo, Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad degli Studi di Palermo, trató las competencias de las autoridades locales y procedimiento de autorización para las instalaciones de energía renovable en Italia. En primer lugar, destacó el objetivo fijado por Italia en su Plan Nacional, como es conseguir un 17% del consumo de energía proveniente de las renovables para este año 2020, pues en Italia, al igual que en España, existe una dependencia de terceros países para su abastecimiento energético. En cuanto al papel de los entes locales, recordó que Italia es un Estado regional, sintetizando el ponente el papel de cada Administración. En esquema, el Estado es garante de la promoción de las energías renovables y las regiones las responsables de los terrenos y la localización de las energías renovables.
En cuanto al procedimiento de autorización para las instalaciones, destacó la liberalización de las actividades de producción a partir de fuentes de energía renovable y diferenció entre la autorización única, de la que conoce la administración regional y es necesaria en aquellas instalaciones de mayor capacidad; el procedimiento simplificado, utilizado para las instalaciones de nivel medio, donde es necesario realizar una comunicación aportando informe técnico, y finalmente para las obras calificadas como actividades de construcción libre, donde basta con una simple comunicación.
A continuación, el Dr. Johann- Christian Pielow, Director Ejecutivo del Instituto de Minería y Derecho de la Energía de la Universidad de Bochum (Alemania) nos acercó a las comunidades locales de energía renovables y las comunidades ciudadanas en Alemania. Este concepto es novedoso en España y carece de desarrollo normativo, pero puede tener una gran cabida en el sistema, al situar al ciudadano como protagonista, donde actúa como “prosumidor” al convertirse en consumidor y productor, provocando la descentralización de la producción de energía. Este modelo nace precisamente con la finalidad de independizarse de la centralización del sector eléctrico, en un primer momento al alcance de unos pocos que participaban en la licitación de las subastas. Mediante estas sociedades ciudadanas se abría la posibilidad de participar en dichas subastas, encontrándose su regulación en la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y en concreto en su artículo 16, dedicado a las comunidades ciudadanas de energía, así como en la Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Sin embargo, el ponente criticó que en ellas no participan todos los ciudadanos, sino únicamente aquellos con más capacidad económica, mientras que el resto tienen que pagar los gastos y costes del sistema eléctrico.
El último bloque de la Jornada se reservó a los directores de los proyectos coordinados que junto con la Universidad de Málaga se están desarrollando en Castilla -La Mancha y Sevilla. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla- La Mancha, Francisco Delgado Piqueras, nos presentó las energías renovables como fuente de reactivación en las zonas rurales, a través de un análisis DAFO. Destacó como fortalezas, la madurez adquirida por la tecnología renovable que la hace competitiva en el mercado y, como consecuencia de ese desarrollo, el abaratamiento de los costes de estas instalaciones; lo que unido a las oportunidades que brinda el actual marco político favorecedor de las renovables y el encarecimiento de los combustibles fósiles, propicia factores externos muy favorables para la consecución de una agricultura de regadío sostenible a través de las energías renovables.
Por su parte, el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Roberto Galán Vioque se centró en el autoconsumo en el ámbito urbano, recordando que, a pesar de las novedades normativas actuales, su inicio en España se remonta a 1980 tras la crisis del petróleo. A día de hoy no ha terminado de despegar esta energía, a causa de la coyuntura y la normativa desincentivadora que se implantó, como la Ley 24/2013 que en su artículo 9 frenaba el autoconsumo, o el Real Decreto 900/2015 que prohibía el autoconsumo compartido y limitaba la potencia de la instalación a lo que se iba a consumir. No obstante, ambas normas han sido objeto de controversia tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional, y finalmente han sido modificadas a través del Real Decreto-Ley 15/2018 y el Real Decreto 244/2019, derogando el impuesto al sol, el régimen sancionador o la prohibición del autoconsumo compartido. Sin embargo, recordó el ponente la posibilidad que se reserva en la Directiva de una imposición de impuestos en caso de que en 2026 se consiga una cuota de autoconsumo del 8%. Aunque a 2019 ni siquiera se ha llegado al 1%.
El último interviniente de la mesa redonda fue Venancio Gutiérrez Colomina, profesor titular de Derecho Administrativo y secretario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, para abordar los posibles conflictos entre la planificación territorial y urbana y las instalaciones de energías renovables, cuyo interés público consta en la legislación estatal y autonómica. Según el Tribunal Supremo, esta eventual confrontación debe ser resuelta atendiendo a la norma que reconozca la preferencia de un interés, si la protección conjunta no se pudiese dar.
Este conflicto de prevalencia casa con la posibilidad recogida en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, donde se admiten excepcionalmente, como una de las facultades del derecho de propiedad del suelo rural, los actos y usos específicos que sean de interés público o social: Aunque en la práctica hay discrepancia de criterios, en opinión del ponente debe prevalecer las energías renovables a la protección del suelo, amparándose para ello en el artículo de la Ley del Sector Eléctrico donde se recoge la utilidad pública de estos proyectos.
La conclusión de estas jornadas correspondió al Jefe del Departamento Solar del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Carlos Montoya Rasero, que remarcó el papel del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para lograr los objetivos de por España frente al cambio climático. Las medidas a adoptar en las ciudades para ser energéticamente sostenibles, pivotan en torno a dos ejes centrales: la edificación y el transporte. En la actualidad, el transporte en las ciudades se realiza un 95% con fuentes no renovables, para lo que se plantea un cambio en el modelo de desplazamiento, a expensas de resolver algunas dudas tecnológicas. En el ámbito de la edificación, el porcentaje de fuentes de energía no renovables es de un 46% y se prevén una serie de medidas importantes como son la rehabilitación de más de 1.200.000 viviendas para la mejora de la eficiencia energética. Todas estas medidas tienen un gran impulso gracias al Real Decreto 244/2019 de autoconsumo.
En estas jornadas hemos podido constatar la importancia que adquieren los entes locales en esta transición energética y el papel cada vez más protagonista que están adoptando, algo que ya se refleja en el Plan Nacional de Energía y Clima.
Un ejemplo es la medida anunciada por el gobierno recientemente, basada en la limitación del tráfico para determinados vehículos en ciertas zonas de los 146 municipios mayores de 50.000 habitantes. Esta medida, a pequeña escala, puede conseguir una reducción de emisiones de gases efecto invernadero de una gran envergadura a nivel nacional, casando con la reflexión inicial “piensa globalmente, actúa localmente”.
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* Este documento ha sido realizado dentro del marco del Proyecto de Investigación “Retos del cambio climático: energía renovable y agricultura de regadío (SBPLY/17/180501/000343 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; cofinanciado con fondo FEDER)
