Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de diciembre de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CANT 1020/2024 – ECLI:ES:TSJCANT:2024:1020
Palabras clave: Acceso a la información. La participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve el recurso presentado por WWF/ADENA, mediante el cual se solicita que se reconozca la inactividad de la Administración al no responder a una solicitud de información ambiental formulada el 21 de junio de 2022 y exceder el plazo legalmente establecido para entregar la documentación solicitada. A estos efectos, alega la vulneración el derecho de acceso a la información ambiental recogido en la Ley 27/2006 (arts. 10 y siguientes). A estos efectos, la actora pretende que la sentencia establezca una doctrina que evite la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, según el artículo 3.1 de la Ley 29/2006.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria se opone al recurso, admitiendo el retraso en la entrega de la información solicitada, pero aduciendo que dicho retraso no fue intencionado. Explica que la información requerida fue proporcionada por error en otro expediente, lo cual, a su juicio, satisface la pretensión deducida, aunque admite que no se cumplió con la obligación de suministrar la información lo antes posible, tal como ordena la Ley 27/2006.
El Tribunal reconoce que la pretensión inicial de la actora es legítima y que se incumplió la Ley 27/2006, si bien el ulterior acceso a la información condujo a una satisfacción extraprocesal, pues el procedimiento perdió la finalidad de obligar a la Administración a proporcionar la información.
Por último, resulta relevante la condena en costas a la Administración, pues la asociación ostenta un interés legítimo que no se satisfizo hasta que se entregó el expediente y se contestó a la demanda.
Destacamos los siguientes extractos:
“(…) En los anteriores términos planteada la cuestión litigiosa, vista la admisión del error cometido por el Gobierno de Cantabria pensando que la información había sido proporcionada y habiendo tenido acceso a ésta la asociación recurrente, cabe considerar se ha producido una suerte de satisfacción extraprocesal dado que el procedimiento pierde el objeto por el cual se había interpuesto, la condena de la Administración para que proporcionase la información no proporcionada. A esta información la parte actora ha tenido acceso. No obstante, la parte actora ha interesado un pronunciamiento formal de dicho incumplimiento por cuanto el acceso a la información solicitada ha sido tardío y no en la forma en que la Ley prevé.
La pretensión de la parte actora inicialmente era legítima pues formalmente se había producido un incumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas2003/4/CE y 2003/35/CE) y, en concreto, del artículo 10 (…)”.
“(…) Pero más allá de constatar ese incumplimiento reconocido por la Administración, carece de sentido una “condena formal”. La importancia de haber obligado a la actora a recurrir a la vía judicial para obtener dicha información podrá, y de hecho, tiene una clara incidencia en las costas, pero no los procedimientos no están concebidos sino para resolver pretensiones denegadas inicialmente, en este caso la de obtener la información, y satisfecha, no surge el derecho a una reprimenda escrita. De ahí que la causa de terminación, decidida la continuación del procedimiento para votación y fallo, se acuerde mediante sentencia y que tras la pérdida de objeto la pretensión de condena formal de la actora deba ser desestimada”.
Comentario de la Autora:
Esta sentencia reafirma la importancia del derecho de acceso a la información ambiental al aclarar cómo debe interpretarse la inactividad de la Administración al proporcionar la información solicitada. En este sentido, destaca la obligación de las autoridades de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley 27/2006, aunque admite la posibilidad de satisfacer la solicitud con posterioridad cuando, como en este caso, la Administración comete un error al proporcionar la información requerida. Sin embargo, la imposición de costas a la Administración es consecuencia directa de no cumplir con dichas obligaciones dentro del plazo legalmente previsto, lo cual pretende incentivar a las autoridades a mejorar sus prácticas de gestión de la información ambiental.
