Crónica del Seminario “Agua y Seguridad Alimentaria”, Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha), 04 de mayo de 2023
Autor: Dr. D. Luis F. Maeso Seco, Profesor Titular de la UCLM
Palabras clave: Formación. Universidad. Agua. Seguridad alimentaria.
Resumen:
El día 4 de mayo de 2023 se celebró en la Facultad de Derecho de Albacete el Seminario “Agua y Seguridad Alimentaria”. Un evento fruto de la intensa actividad que está desarrollando el Grupo de Investigación sobre Política, Derecho y Gestión del Agua (dentro de su Proyecto de investigación 2022-GRIN_34258 del Plan propio de la UCLM); que fue codirigido por los Catedráticos de esta misma Universidad, D. Francisco Delgado Piqueras y Dª. Nuria Garrido Cuenca; y cuyo objetivo, como sus propios codirectores señalaron, era “…abordar un tema de gran actualidad, como el de las energías renovables, sobre la base del nexo común que cabe establecer entre estas, el agua y los alimentos”.
Un objetivo, tema y seminario que, por lo demás, tuvo por destinatarios a estudiantes, investigadores y profesionales del derecho, comunidades de regantes, cooperativas agroalimentarias, confederaciones hidrográficas e ingenieros agrónomos; tanto presencialmente como de manera virtual u on line. La pluralidad y diversidad de destinatarios acrecienta el interés de este Seminario, donde no sólo asistimos a charlas “de juristas para juristas”, sino en el que se presentaron ponencias de muy distintos tipos y desde diferentes enfoques (político, técnico, cooperativista, etc.).
La sesión inaugural corrió a cargo de Dª. Silvia Díaz del Fresno (Directora de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha) y nos brindó una primera aproximación a los ejes fundamentales de la política hídrica en esta Comunidad Autónoma; al tiempo que se refirieron los grandes proyectos y actuaciones en los que se están concretando; con atención especial al Programa Integral de Depuración castellanomanchego (horizonte 2032).
La intervención de D. Juan Miguel del Real, en su calidad de Director de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, versó sobre “Agua y agroalimentación: retos de futuro”; y estuvo centrada en las necesidades y problemas reales de las cooperativas del sector agroalimentario regional, estructurando su intervención en dos partes.
En la primera, formuló un diagnóstico crítico de las lógicas y políticas hídricas que se están llevando a cabo desde los distintos niveles de gobierno y administrativos implicados (el europeo, el nacional y el autonómico); y, de otra, vino a formular una serie de propuestas que contribuirían a mejorarlas. Así, destacó que, partiendo de lo que sin agua no hay alimentos y de que la demanda no dejará de crecer en tanto en cuanto no lo haga la población mundial, se hace necesario repensar las ya citadas lógicas y políticas hídricas. En su opinión, se está primando la perspectiva ambiental del agua muy por encima de los requerimientos de un sector agroalimentario que está llamado a seguir creciendo en el corto y medio plazo; más aún, si tenemos en cuenta que este sector contribuye al logro de la soberanía y seguridad alimentarias, así como a dignificar una actividad (la agrícola), que no es la única responsable del incremento en la consunción de recursos hídricos (del que también participan la industria y unas cada vez mayores demandas de las concentraciones urbanas) y que, en general y en particular en una Comunidad Autónoma como la nuestra (rural, de cultivos de secano y paradójicamente donante de agua), es generadora de riqueza regional, fija y estabiliza la población, evita la despoblación, asegura el relevo generacional y contribuye a la protección del propio medioambiente. De hecho, son los agricultores quienes están haciendo y asumiendo un importante esfuerzo y coste (económico y personal), con escasas ayudas públicas, para modernizar y acrecentar la eficiencia y rentabilidad hídrica de sus aportaciones (p. ej., pasándose, allí donde está siendo posible, al riego por goteo solar).
En la segunda parte de su intervención. D. Juan Miguel del Real esbozó más de una decena de soluciones a retos de futuro que, a su juicio, contribuirían a plasmar aquel cambio de lógicas y políticas hídricas (europeas, nacionales y autonómicas) que necesita el sector agrario para seguir proveyendo de alimentos a una población cada vez mayor. Entre ellas, sobresaldrían: la normalización y protagonismo que debe asumir el regadío con aguas subterráneas; la lucha contra aquellas mal entendidas políticas conservacionistas que se están implementando y que, en pro de la función ambiental del agua, parecen desconocer o minusvalorar la trascendencia y contribución del sector agroalimentario a la salud de la ciudadanía, a la riqueza económica, a la fijación de población e incluso a la propia salvaguarda del medio ambiente; el cambio del modelo o modelos de gestión del agua (por sistemas menos politizados, en los que el agua sea considerado un verdadero bien de dominio público y en los que se supriman o reinventen las confederaciones hidrográficas); la ampliación de usos y utilidades de las aguas provenientes de estaciones de depuración (como ya se apuntó en la sesión inaugural de este Seminario); la creación de reservas de agua para los agricultores jóvenes (de forma que el sector agroalimentario siga constituyéndose en aliado frente a la despoblación); el diseño de una política de trasvases (a escala nacional) que consienta y posibilite que, en verdad, los recursos hídricos de nuestro país puedan transferirse, cuando sea necesario y si la situación de las cuencas cedentes lo consiente, de unos puntos excedentarios a otros deficitarios de forma solidaria; la apuesta decidida por una investigación (técnica, jurídica, etc.) y unas acciones divulgativas que den a conocer el problema de que es necesario armonizar el aumento de las necesidades alimenticias de una población creciente, el medio ambiente y el importante papel que desempeña el sector agroalimentario desde varios -y ya reseñados- puntos de vista (el de la seguridad y la salud alimentaria, el económico, el poblacional, etc.); y, en fin y aunque resulte incómodo decirlo, la asunción e interiorización colectiva (inclusión hecha de los propios agricultores) de que hay que pagar por el agua, esto es, asumir los costes reales que, a distintos niveles, genera la explotación, traslación y uso o consunción de este limitado y preciado recurso hídrico.
El Dr. Alberto Garrido Colmenero, Catedrático de la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid desarrolló una ponencia titulada: “Retos y oportunidades de regadío en España”. Desde una primera aproximación global y enlazando con la intervención e ideas del ponente anterior-, comenzó evidenciando que la alimentación de la población mundial no es la deseable (si se analizan los índices de obesidad, las carencias nutricionales que presenta, etc.), pese a que la producción agroalimentaria no escasea y es de calidad. Se quiera o no, esta producción es la responsable de más de un treinta por ciento de las emisiones de origen androgénico que provocan el efecto invernadero; y que, siempre dicha producción, mal entendida y peor aplicada, constituye una amenaza para la extinción de especies y una gran consumidora de recursos hídricos. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque las plantas, para producir energía y por lo mismo aquellos alimentos, necesitan realizar la fotosíntesis; y, en su consecuencia, grandes cantidades de agua. De hecho, cabría afirmar que hoy en día el agua se ha convertido en el primer factor limitante de la actividad agraria o, si se prefiere, de la producción de alimentos; y que, por este motivo, es lógico que los agricultores estén especialmente preocupados por controlar el agua. Es decir, por disponer en cantidad y calidad suficiente de este imprescindible recurso natural, lo que está haciendo que, en no pocos casos y a falta de poder controlar un clima cada vez más cambiante y adverso, se decidan a explorar el cultivo de alimentos que generen menos emisiones de gases de efectos invernadero y consuman menos agua (p. ej., la almendra); así como a introducir nuevas y más modernas fórmulas de producción de dichos alimentos con base en la tecnología.
Por lo demás, y descendiendo ya al caso particular de España, el profesor Garrido Colmenero señaló que, partiendo de la base de que nuestro país constituye una potencia agroalimentaria (a la vista, sobre todo, de los datos disponibles en materia de exportaciones), es lo cierto que el sector agrario nacional presenta destacadas fortalezas y oportunidades, también muestra alguna que otra debilidad y retos que aún están por resolver. Entre las primeras, el profesor destacó el aumento de la superficie dedicada al regadío en nuestro país (y, singularmente y entre otras Comunidades autónomas, en la de Castilla-La Mancha); la transformación de cultivos, esto es, la circunstancia de que un buen número de agricultores españoles (sobre todo pequeños y medianos), están haciendo gala de su propia inteligencia agraria (y no de ningún plan preconcebido y apoyado desde las instituciones públicas) para dedicar sus explotaciones a la producción de alimentos menos consuntivos de agua por hectárea; el hecho paradójico de que el cambio climático está reduciendo las heladas en lugares y regiones donde antaño eran frecuentes (ofreciendo nuevas oportunidades de cultivo de alimentos antes impensables); o que, todavía hoy, la calidad de los recursos hídricos de los ríos y acuíferos en muchas de nuestras Comunidades autónomas (incluida Castilla-La Mancha) sigue siendo buena.
Sin embargo, y junto a estos puntos fuertes de los recursos hídricos y del sector agroalimentario español, el profesor Garrido Colmenero también apuntó sus retos y debilidades, tales como: la amenaza que, por razones obvias, suponen los cada vez más habituales ciclos de sequías que asolan cosechas y cultivos; por lo mismo, el cambio climático que, más allá de ofrecer las antedichas y nuevas oportunidades de cultivo, de seguro agravará estos períodos de sequía; la circunstancia de que, pese a los avances tecnológicos logrados, es lo cierto que en la actualidad todavía disponemos de poca capacidad para almacenar un agua de lluvia (cada vez más escasa), tanto a nivel del singular agricultor como de forma y maneras colectivas (piénsese en los pantanos o embalses); y que, si bien la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas es buena en general, hay sistemas hídricos o cuencas que están funcionando al límite e incluso por debajo de su capacidad (piénsese en las del Júcar o el Segura, aunque no sólo).
La ponencia titulada “Alimentación segura, saludable y sostenible desde la perspectiva de las actividades agropecuarias: huella hídrica y de carbono” corrió a cargo del Dr. Francisco Bombillar Sáenz, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. En ella vino a establecer la conexión existente entre la alimentación sostenible y saludable y la legislación alimentaria, calificándola de su “tercera pata” o estadio evolutivo. Como ilustró el ponente, este cuerpo legal comenzó centrando sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los alimentos, para después aplicarse en la lucha contra la obesidad y finalmente proceder a la incorporación de esta variable ambiental o de la sostenibilidad.
Tanto es así que, como segunda idea a destacar en su ponencia, el doctor Bombillar Sáenz refirió que la legislación alimentaria se ha convertido en fiel reflejo de la preocupación y el interés social y político-administrativo existente en que la incorporación de esta última variable ecológica y sostenible sea real y efectiva; con base, por lo demás, en el entendimiento de que una nutrición saludable pasa, necesariamente, por favorecer el consumo y producción de alimentos ecológicos etiquetados, dicho sea de paso, de manera correcta y rigurosa. Es decir, por una vuelta a una agricultura y gastronomía tradicionales, de cercanía, que resultan menos contaminantes, que se preocupan más por el bienestar de los animales, que contribuyen a la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que armonizan con el paisaje, que amortiguan el impacto del cambio climático, que fijan población rural y que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural (piénsese, p. ej., en la dieta mediterránea). Así, no es de extrañar que, según el profesor Bombillar Sáenz, los reguladores públicos internacionales, europeos, nacionales y autonómicos estén impulsando planes, programas, estrategias, normas, etc., en dicha dirección.
Ahora bien, Bombillar también evidenció que esas normas, estrategias, planes, programas, etc. que pretenden incorporar la variable ambiental y de sostenibilidad en la legislación alimentaria, se enfrentan a no pocos obstáculos o dificultades, tales como la presencia de una importante industria cárnica en nuestro país, que se muestra aún reticente a dicha incorporación y que, en gran medida, se basa en una mal entendida ganadería industrial cuyo exponente más controvertido son las macrogranjas porcinas y que, en no pocos casos, requiere de una alta consunción de recursos hídricos, al tiempo que genera una significativa cantidad de residuos (ej., los purines), que tornan contaminantes estos mismos recursos, amén de los suelos donde se depositan (quedando inutilizados para su posterior cultivo agrario); la también resistencia o falta de voluntad política que, todavía hoy, se percibe en algunas administraciones y gobiernos (fundamentalmente autonómicos) para aprobar reglamentos y leyes que en verdad integren la sostenibilidad en el seno de la legislación alimentaria, pues no resulta sencillo en sede político-normativa casar los muchos y contrapuestos intereses en juego; el hecho de que, descendiendo al ámbito concreto de la contratación pública y de la gestión indirecta entre otros de los comedores escolares. Y, si bien la lógica de la contratación estratégica y de la oferta más ventajosa ambiental se van abriendo camino, el precio y el precio más bajo (cuando existe un único criterio de ponderación) sigue siendo el ítem determinante para la adjudicación de aquellos contratos, lo que no redunda siempre, ni necesariamente, en que los alimentos ofrecidos a nuestros escolares sean los más sostenibles, ni saludables.
La circunstancia es que, con base en el “derecho a la alimentación”, se está incurriendo en un abuso de derecho” o, por mejor decir, que el derecho de cualquier consumidor a adquirir cualquier alimento, procedente de cualquier parte del mundo y en cualquier momento se entienda en términos absolutos o sin tener en cuenta otras consideraciones, cuando debería serlo en términos relativos pues, junto a este derecho, constitucional o no, lo están también otros, p. ej., a un medio ambiente adecuado; o que los etiquetados “eco”, “bio”, etc., de ciertos alimentos, y que actualmente asoman con profusión en las estanterías de nuestros supermercados, no pasan en muchos casos de ser una mera técnica de “greenwashing” al servicio de alguna grandes empresas y compañías agroalimentarias con la sola intención de influir en la voluntad de compra del consumidor final, ofreciéndole una imagen de alimento ecológico y saludable cuando en realidad no lo es, o no siempre lo es. D. Francisco Bombillar concluyó su ponencia enfatizando que todo es salud, desde el agua, en cantidad y calidad, pasando por una actividad agraria más respetuosa y armónica con el medio ambiente, hasta llegar a los alimentos que en última instancia ingerimos; y que la clave de una alimentación segura y saludable también se encuentra en la sostenibilidad.
Seguidamente, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, D. Francisco Delgado Piqueras, presentó su ponencia titulada: “Seguridad hídrica con energías renovables”. Partiendo de la definición de lo que cabe entender por seguridad hídrica (capacidad de una sociedad para tener suficiente cantidad y calidad de agua disponible para satisfacer sus diferentes usos y actividades productivas), el profesor Delgado Piqueras señaló las muchas y variadas contingencias que amenazan esta seguridad (el crecimiento demográfico, la contaminación, los fenómenos meteorológicos extremos -sequías o inundaciones- derivados del cambio climático, etc.); y, de otra parte, los perniciosos efectos que resultan en relación con los recursos hídricos y la actividad agroalimentaria (malas cosechas de secano, reducción de las dotaciones en los cultivos de regadío, incremento subsiguiente de los costes de los alimentos, etc.).
Además, el profesor Delgado dio cuenta las técnicas ensayadas hasta hoy para superar la irregularidad de la disponibilidad de agua brindadas por la ingeniería civil -con embalses o acueductos-, la botánica -con la mejora de nuevas variedades de plantas-, la geología -en lo atinente al conocimiento y explotación de las aguas subterráneas-, etc. En la actualidad, las que suscitan un mayor interés institucional y desde el sector agroalimentario son la desalación y la reutilización de las aguas residuales, para producir nuevos recursos hídricos. El principal obstáculo que las acompaña no es otro que su elevado coste energético, por la cantidad de electricidad que a su vez requieren las desaladoras y depuradoras para su funcionamiento.
No obstante, con una adecuada regulación las energías renovables, junto con algunas medidas complementarias (ej., incremento de la eficiencia de los usos del agua y evitación del despilfarro), se nos presentan ya como una solución suficientemente madura a dicho obstáculo, que evitaría acudir a otras fórmulas más lesivas para la actividad agroalimentaria e incluso para el medio ambiente que se están barajando, como reducir una quinta o cuarta parte la superficie dedicada a la agricultura de regadío. Según el parecer del Dr. Delgado Piqueras, el actual marco regulatorio de las energías renovables permite abaratar el coste de producción de nuevos recursos hídricos procedentes de la desalinización y de la depuración de aguas residuales, lo que beneficiaría al sector agroalimentario de nuestro país. Piénsese en las diferentes modalidades ya existentes de autoconsumo eléctrico o en los contratos directos entre productor y consumidor, también conocidos como “power purchase agreement” o PPA.
Con todo, el profesor Delgado advirtió que las renovables -sobre todo la eólica y la fotovoltaica- pueden generar conflictos ambientales y sociales, que habrá que encauzar jurídicamente a través de la ordenación del territorio y la evaluación ambiental. De otro lado, existe un riesgo de regresión normativa por parte de gobiernos y administraciones negacionistas del cambio climático, más partidarias del uso de combustibles fósiles, que pueden echar atrás los avances conseguidos en la reciente regulación de las energías renovables a nivel europeo, nacional y autonómico. Estos han permitido favorecer su penetración en el sector agroalimentario, al eliminar un buen número de las barreras económicas y burocráticas que lastraban la tramitación de los permisos de permisos de conexión, por ejemplo.
El profesor insistió en que las políticas y opciones normativas que se han demostrado su eficacia desde hace tiempo en algunos territorios de nuestro país (ej., las Islas Canarias) pueden ser la oportunidad para adaptarnos al cambio climático garantizando la seguridad hídrica.
Como conclusión del seminario, nos permitimos trascribir las expresadas por la Catedrática de la UCLM Nuria Garrido Cuenca en la clausura, quien señaló que: “…un sistema alimentario sostenible y seguro debe implementarse a través de varias vías, a saber: un giro radical hacia sistemas eco-agrícolas diversificados y resilientes (que reviertan y restauren las tierras degradadas hasta su potencial natural); una optimización de la eficiencia de la producción de alimentos, agua y energía (lo que implicará mejorar la eficiencia energética en la producción de alimentos, desde las etapas de cultivo y cosecha, hasta el procesamiento y consumo final); un reciclaje de los residuos y un aprovechamiento de los mismos como energía; una mejora de la gestión y la eficiencia de los recursos hídricos (inclusión hecha de la incorporación de medidas de eficiencia energética y de la producción de energía renovable a nivel local); un empoderamiento de los pequeños agricultores y de las mujeres de las zonas rurales (en su cualidad de agentes críticos para garantizar la seguridad alimentaria); y, en fin, un cambio hacia dietas y consumo sostenibles que reduzcan al mínimo el impacto ambiental, aumenten el valor nutricional y garanticen un comercio justo y la sostenibilidad de los medios de vida de los agricultores…”.
