Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGV número 8893 de 28 de agosto de 2020
Palabras clave: Biodiversidad. Energías renovables. Emergencia climática. Cambio climático. Suelo no urbanizable. Evaluación ambiental. Espacios naturales protegidos.
Resumen:
El presente decreto ley se estructura en cuatro títulos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria, tres finales y tres anexos de carácter informativo o técnico-documental.
El Título I, con un único capítulo, compuesto por tres artículos, está dedicado, por un lado, y como suele ser habitual en prácticamente todas las regulaciones, a establecer el objeto y la finalidad del decreto ley, dotando así de carácter normativo a las actuaciones materiales acometidas, los objetivos perseguidos y las justificaciones y motivaciones expuestas en la parte inicial de este preámbulo.
Por otro, siguiendo igualmente la tendencia impuesta desde hace unos años, se introduce la terminología y definiciones de los conceptos que se emplean en el texto para mejorar la claridad, precisión y concisión de la norma, algunos de ellos nuevos (como el de «Autorización de implantación en suelo no urbanizable») y otros no, pero que se consideran necesarios recoger y puntualizar para facilitar la aplicación de este decreto ley por parte de sus destinatarios. Asimismo, y como aspecto especialmente relevante, en este título se formula la declaración de «inversiones de interés estratégico para la Comunitat Valenciana» de las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaicas y eólicas, al ser estas las dos tecnologías renovables más maduras actualmente, que se complementan adecuadamente para la cobertura de la demanda dentro de las energías renovables intermitentes y estar basadas en recursos naturales inagotables y gratuitos, y por las que de forma casi exclusiva se está apostando tanto por los planificadores energéticos públicos como por los operado· res económicos del sector, al acaparar prácticamente casi la totalidad de los proyectos en marcha.
Esta declaración supone beneficios para este tipo de instalaciones por la prioridad en la tramitación administrativa en el ámbito de la Comunitat Valenciana relativa a su construcción y puesta en marcha, todo ello en base a los ambiciosos objetivos y perentorios plazos para alcanzarlos impuestos por diversas estrategias y planes en materia de energía y clima aprobados, o en tramitación muy avanzada, por parte de las distintas autoridades comunitarias, nacionales y autonómicas. Asimismo, y con objeto de poder incentivar y atraer a nuestro territorio proyectos que en un futuro se presenten a procedimientos de concurrencia competitiva para el otorgamiento del régimen retributivo específico, o adicional a este, convocados por la Administración general del Estado, se intensifica la referida prioridad administrativa para ellos, además de declararlos de tramitación urgente a efectos de la legislación de procedimiento administrativo común, excepto para los procedimientos específicos que pudieran solicitar para su declaración de utilidad pública, en concreto, de las instalaciones, así como de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados, todo ello con el fin de preservar las garantías de las personas afectadas en cuanto a la no disminución de los plazos para alegar. Finalmente, y asociadas también a las instalaciones declaradas «inversiones de interés estratégico para la Comunitat Valenciana», se establece una medida de fomento, vía la reducción progresiva de tasas administrativas de tramitación, pero solo para aquellas instalaciones que representan mejor el modelo de generación distribuida, frente al tradicional modelo de generación centralizada, aunque este se base en energías renovables, reduciéndose a cero la tasa para aquellas diseñadas y que se exploten en régimen de autoconsumo eléctrico.
Se busca con ello incentivar por esta vía la implantación de centrales eléctricas basadas en el viento y el sol, próximas a la demanda por los numerosos beneficios y ventajas que presenta este modelo energético frente al tradicional de grandes plantas alejadas de los consumidores.
Finalmente, se establece un mecanismo de seguimiento y control del progreso de los objetivos alcanzados respecto a las referidas estrategias y planes de energía y cambio climático, de modo que, se puedan reforzar las medidas anteriores si el gradiente de la evolución de estos así lo indicará, o no mantener las medidas de priorización, que siempre afectan a los demás sectores en la medida que los recursos de las organizaciones son naturalmente limitados, cuando no esté justificado por haberse alcanzado los objetivos perseguidos.
El título II, con un solo capítulo, contiene tres artículos, y tiene por objeto modificar otras tantas regulaciones, una de rango legal y dos reglamentarias, con la finalidad de mejorarlas desde las perspectivas de la agilización y simplificación administrativas, actualización, coordinación y adecuación de aquellas a la regulación estatal posterior o de las autonómicas sectoriales, así como la supresión de requisitos que suponen mayor carga burocrática respecto a la normativa estatal o que se consideran injustificados mantenerlos para alcanzar los objetivos de impulso de las centrales eléctricas basadas en energías renovables y el desarrollo de las imprescindibles de las redes eléctricas, al constituir estas una de las piezas angulares para que la transición energética pueda hacerse realidad en los plazos que las administraciones y demás poderes públicos se han propuesto, e incluso impuesto.
Así, en el primero de los artículos de este título se procede a aclarar y adecuar la prelación entre ciertos pronunciamientos exigidos por la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana y los títulos habilitantes previstos en las normas sectoriales de energía e industriales. Asimismo, y en línea con lo previsto para esta materia en la legislación estatal, se suprime del anexo II, relativo a «Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental», la licencia ambiental actualmente exigida para todos los parques eólicos en la Comunitat Valenciana. Esta supresión, naturalmente, no implica que por ello les exima de acreditar el cumplimiento de los requisitos que les aplican desde el punto de vista sustantivo de dicha ley, sino que lo hagan a través de un instrumento de intervención administrativa menos oneroso en términos burocráticos, excepto cuando en los concretos parques eólicos concurran las circunstancias, como pasa para otras actividades, que hagan exigibles la licencia ambiental, pero no por el mero hecho de estar relacionada nominativamente dicha actividad en el referido anexo II.
El artículo 5 acomete una reforma profunda, pero muy urgente y necesaria, del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, tanto para adecuarse a los importantes y continuos cambios introducidos tras la reforma eléctrica iniciada con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en lo que aquí interesa, hasta los más recientes, y relevantes, acometidos por el Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, dado que el referido reglamento no había sido modificado desde su publicación, a pesar de que ya había sido identificada su necesidad de actualización en las propuestas de los planes normativos, modificación que se ha precipitado consecuencia de la actual coyuntura y perspectivas desde los enfoques económico y del cambio de modelo energético, basados en la electrificación masiva de la economía y la generalización de las centrales eléctricas que aprovechen los recursos renovables disponibles.
La modificación abordada del Decreto 88/2005 es, por tanto, imprescindible, no solo para coordinarlas con las medidas principales e impulso de las instalaciones de producción de energía eléctrica basadas en energías renovables de este decreto ley, sino porque sin dicha reforma, orientada a la simplificación, coordinación y agilización de las autorizaciones administrativas de todo tipo de instalaciones eléctricas sometidas al régimen de autorización administrativa previa, el referido impulso del cambio de modelo energético desde el lado de la generación eléctrica se vería muy limitado por el papel que para ellas juegan las redes de transporte y distribución.
No obstante lo anterior, la modificación del Decreto 88/2005 va mucho más allá, y tiene también su fundamento, razón de ser y justificada urgente necesidad en contribuir a la reactivación económica de cualquier tipo de actividad, dado el carácter universal y esencial del suministro eléctrico para la sociedad, y en la que es necesario, dentro del marco normativo básico, reducir al máximo la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución, líneas directas, acometidas y las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de mayor potencia (> 250 kW), así como mejorar e intensificar la participación y la propia condición que ocupa el solicitante de las instalaciones eléctricas que el mismo sufraga en los procedimientos de autorización frente a las empresas de red.
En el último artículo de este título II se aborda una modificación del Acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) en varios sentidos, pero sin alterar la naturaleza esencial de plan de acción territorial sectorial como instrumento de planificación y ordenación del territorio.
En la misma línea ya apuntada para las dos disposiciones anteriores objeto de modificación, el objetivo de la reforma del referido acuerdo del Consell, es impulsar el aprovechamiento sostenible de la energía eólica en esta región a través de varias medidas.
En primer lugar, mediante la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos, suprimiendo los planes especiales como instrumento de desarrollo del PECV, y en su lugar configurando un procedimiento administrativo específico, integrado y único, para la construcción y puesta en marcha de parques eólicos que se encuentren dentro de las quince zonas delimitadas por el actual PECV, recogido en el capítulo II del título III de este decreto ley, con una estructura análoga al seguido para las centrales fotovoltaicas que se vayan a implantar en suelo no urbanizable. No obstante, los planes especiales actualmente aprobados siguen, naturalmente, vigentes, y también serán de aplicación como instrumentos de ordenación para la implantación de parques en las áreas exteriores con recurso eólico limítrofes o próximas a las actuales zonas eólicas de acuerdo a las previsiones que contiene el actual PECV para llevar a cabo las modificaciones de estas.
En segundo lugar, con la actualización o concreción normativa de conceptos que han venido presentando un cierto grado de indeterminación o no estaban explicitados como criterio de aplicación (como ocurre con el artículo 3 de las normas del PECV, en el primer caso, o con la equivalencia del número máximo de aerogeneradores admisibles en cada de las quince zonas eólicas cuando aumenta el diámetro de las palas de aquellos respecto a la que se tuvo en consideración para determinar esa capacidad y reflejada en el artículo 29 de dichas Normas, en el segundo caso).
La tercera medida está orientada a permitir el máximo potencial eólico aprovechable compatible con el PECV, bien por redistribución del número máximo de aerogeneradores asignados a zonas eólicas colindantes, manteniendo el total constante y siempre que alguna de ellas siga presentando capacidad disponible para albergar nuevos generadores, bien mediante un procedimiento que permita la reubicación total o parcial de las superficies de las áreas eólicas de alguna de las quince zonas cuya capacidad no se haya agotado en ciertos espacios exteriores próximos a dicha zona incumbida.
Finalmente, se incorpora un nuevo artículo, el 19 bis, con objeto de introducir la forma en que se deben tramitar y compatibilizar los sistemas de almacenamiento energético y las centrales fotovoltaicas hibridadas con parques eólicos existentes, dado la reciente regulación que posibilita este tipo de instalaciones, y el decisivo papel que se espera jueguen ambas actuaciones en el nuevo modelo de generación y gestión del sistema eléctrico, al haber madurado tecnológicamente y ser viables en términos de inversión, además de permitir una mayor y mejor eficiencia energética y económica en el uso de las infraestructuras de red existentes.
El título III del decreto ley es el más extenso y está dedicado al régimen jurídico y al procedimiento de autorización de centrales fotovoltaicas, procedimiento que también se extiende a los parques eólicos, sin perjuicio de conservar los criterios y normas del actual PECV para estos.
Este título III consta de cuatro capítulos. El primero establece las disposiciones generales de la aplicación del decreto ley, el segundo el procedimiento integrado de autorización de las centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre el suelo no urbanizable y de parques eólicos, el tercero regula el deber, por parte del titular de este tipo de instalaciones de producción, de desmantelarlas y proceder a la restauración del terreno y el entorno afectado una vez finalice su vida útil o comercial, así como la obligación de constituir una garantía económica adecuada a favor de la Administración que permita a esta hacerlo en caso de incumplimiento del citado deber por parte del titular, y el cuarto seguir manteniendo un canon urbanístico municipal por uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable para la implantación de la central fotovoltaica o parques eólicos, no obstante que estas no estén sujetas a plan especial o declaración de interés comunitario.
En el capítulo I se establece el ámbito de aplicación del decreto ley que no es otro que los proyectos fotovoltaicos o eólicos cuya autorización energética corresponda a la Generalitat por ser de aprovechamiento no supraautonómico (potencia instalada menor de 50 MW y no exceder del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana).
En su sección primera se determinan todos los criterios ambientales, territoriales y energéticos de localización e implantación de las centrales fotovoltaicas, remitiendo en el caso de los parques eólicos a lo dispuesto en el PECV. Con carácter general, se establecen las preferencias de la ocupación de los suelos urbanizados frente a los suelos en situación básica rural, y las de aquellos emplazamientos compatibles con el planeamiento territorial y urbanístico que reúnan las condiciones ambientales, territoriales y funcionales más idóneas.
Para las centrales fotovoltaicas, desde el punto de vista ambiental y territorial es fundamental mantener la estructura y funcionalidad de la infraestructura verde del territorio, sus procesos ecológicos y sus servicios ambientales. En este sentido, el decreto ley define un gradiente de compatibilidad de los suelos para estas instalaciones, desde los manifiestamente incompatibles como los espacios naturales protegidos con categorías de Reservas Naturales, Parques Naturales, Paisajes Protegidos, o los espacios de la Red Natura 2000 en sus zonas de mayor calidad de la diversidad biológica, entre otros, hasta aquellos espacios de mayor compatibilidad, como las denominadas zonas D de la Red Natura 2000, por su menor afección sobre el patrimonio natural, o aquellos donde estas centrales fotovoltaicas deberán analizarse caso por caso como son las franjas de amortiguación de los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) o los parajes naturales municipales.
Por su parte, los criterios de naturaleza territorial y paisajística hacen hincapié en la preferencia de la implantación de estas centrales en los suelos más degradados, los de menor valor agrícola, paisajístico y de conectividad territorial, así como evitar suelos afectados por riesgos naturales e inducidos como son los de elevada peligrosidad de inundación y los considerados críticos para la recarga de los acuíferos de mayor calidad de los recursos hídricos subyacentes. También se deben evitar pendientes por encima del 25 %, la proximidad a los cauces y, muy especialmente, el sellado del suelo y los grandes movimientos de tierras.
Es importante remarcar que estos criterios ambientales y territoriales son perfectamente objetivables y en los anexos I y II se encuentran los correspondientes enlaces URL a las capas cartográficas oficiales que permiten su aplicación a los proyectos de centrales fotovoltaicas.
También en esta sección se establecen criterios energéticos y funcionales para optimizar estas instalaciones respecto de su diseño, cálculo y construcción, buscando la eficiencia energética, lo que implicará menor uso del suelo ocupado por los grupos conversores para igual potencia instalada y un mayor aprovechamiento de los recursos primarios disponibles, aunque sean inagotables, así como establecer infraestructuras de evacuación diseñadas en previsión de futuras ampliaciones de la misma central eléctrica o de nuevas que puedan establecerse sin necesidad de tener que desarrollar nuevos pasillos e infraestructuras.
La sección segunda de este capítulo regula las instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables sobre suelos urbanos y urbanizables, fomentando y facilitando su instalación a través de la compatibilidad directa de las instalaciones fotovoltaicas sin necesidad de modificaciones del planeamiento y facilitando su gestión urbanística, todo ello sin perjuicio de la obligatoria observancia de las disposiciones normativas en materia de patrimonio cultural.
El decreto ley exige la obligatoriedad de instalar módulos fotovoltaicos sobre cubierta en los edificios nuevos, o que hayan cambiado su uso, de más de 1.000 metros cuadrados de superficie, sean públicos o privados, y las administraciones públicas fomentarán activamente esta implantación en los edificios existentes mediante adecuados incentivos de naturaleza económica y fiscal, todo ellos sin perjuicio de las limitaciones en materia de patrimonio cultural, funcionales y constructivas o de producción de otros servicios ambientales. Este fomento también abarca incluso los suelos urbanizados no edificados y los urbanos y urbanizables sin programación, regulando las posibles casuísticas en el caso de programación urbanística o edificación sobrevenidas.
Las formas de autorización de plantas energéticas en estos suelos urbanos y urbanizables van desde la declaración responsable para la instalación de módulos fotovoltaicos en los tejidos urbanos consolidados hasta la licencia de usos provisionales en los solares y suelos urbanos y urbanizables, sin que ello exima en ningún caso de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación.
Esta sección concluye con la implantación de las centrales fotovoltaicas en equipamientos públicos, con gestión directa o indirecta, el fomento de las cooperativas o comunidades de energías renovables, y el aprovechamiento de dotaciones públicas para obtener excedentes de energía aprovechables para los servicios municipales.
La sección tercera del capítulo I determina lo que se debe considerar suelo no urbanizable común a efectos de la implantación de las centrales fotovoltaicas y que no es tal sino el que haya sido así considerado por el planeamiento vigente.
El capítulo II de este título II establece de forma novedosa en nuestra legislación un procedimiento único e integrado para la autorización de centrales fotovoltaicas sobre suelo no urbanizable y para parques eólicos, que es el que va a soportar una mayor transformación y ocupación de suelo por razones funcionales y de rentabilidad económica de las instalaciones. Este procedimiento, muy garantista y respetuoso con los valores del territorio, se resuelve, en un único acto administrativo, dictado por el correspondiente órgano competente en energía, que actuará como órgano sustantivo del procedimiento, todas las cuestiones relativas a la instalación de producción en materia del sector eléctrico, evaluación ambiental y territorio y paisaje, sustituyendo así la aplicación de otros instrumentos de intervención en el suelo no urbanizable, y reduciendo la carga burocrática de los procedimientos.
Con carácter previo al inicio del procedimiento, y una vez obtenida la compatibilidad urbanística municipal, el promotor podrá de forma voluntaria formular una doble consulta para comprobar la viabilidad de su propuesta y obtener una hoja de ruta facilitadora de los contenidos documentales de su proyecto. Por una parte, una consulta al órgano competente en materia de territorio y paisaje, el cual en el plazo máximo de dos meses se pronunciará sobre la viabilidad del emplazamiento de la propuesta, y de sus alternativas, y también del alcance del ámbito de análisis territorial necesario para su óptima integración en la morfología del territorio y del paisaje.
Por otra parte, cuando el proyecto deba ser sometido a evaluación ambiental, el promotor podrá asimismo solicitar al órgano ambiental la elaboración de un documento de alcance en los términos de la legislación básica ambiental. Estos pronunciamientos tendrán una vigencia máxima de dos años. En caso de observarse claramente la inviabilidad del proyecto a raíz de estas consultas, se considerará causa impeditiva de la construcción de la instalación a los efectos de las excepciones de las ejecuciones de las garantías económicas vinculadas a los procedimientos de acceso y conexión a las redes eléctricas en los términos de la legislación vigente.
La sección primera de capítulo regula el inicio, ordenación e instrucción del procedimiento. En la tramitación, que será telemática, el promotor presentará solicitud conjunta de las autorizaciones administrativa previa y de construcción de la instalación de producción, llevando implícita la de autorización de la implantación en suelo no urbanizable, la cual sustituye a otros instrumentos urbanísticos. A tal efecto, la solicitud se acompañará de la documentación recogida en el anexo III, y de aquella establecida por las distintas regulaciones sectoriales que afectan al proyecto, e irán siempre referidos a la central fotovoltaica o parque eólico en su conjunto, incluyendo en todo caso un plan del desmantelamiento de la instalación y de la consiguiente restauración del ámbito afectado.
Una vez recibida la solicitud se iniciará el procedimiento de admisión a trámite de la documentación, en el cual el órgano sustantivo en el plazo máximo de dos meses dictará acuerdo sobre esta admisión a trámite con silencio negativo, sin que este acuerdo prejuzgue la resolución definitiva del procedimiento. Durante este plazo se verificará la suficiencia y adecuación formal de la documentación, pudiendo ser consultados a este efecto distintos departamentos sectoriales de la Generalitat.
La admisión a trámite de las solicitudes de autorización administrativa ha sido introducida recientemente en los procedimientos del sector eléctrico para este tipo de instalaciones en la última y reciente reforma por el Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, vinculándola a la ordenación del acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad, y para tratar de discriminar desde el principio los proyectos más maduros y serios, frente a los que presentan una mayor indefinición, y que no deben aceptarse a trámite porque dificultarían el avance de los proyectos que van a permitir alcanzar con mayor rapidez los urgentes y ambiciosos objetivos de implantación de centrales basadas en energías renovables previstos en las estrategias y planes energéticos y de cambio climático. En este decreto ley se objetivan los criterios de admisión trámite, para claridad y seguridad de los futuros solicitantes o promotores, estando todos ellos, naturalmente, vinculados al interés real y disponibilidad efectiva de recursos para llevar a cabo los proyectos en este estadio inicial.
La solicitud y toda la documentación en materia de energía, ordenación del territorio, paisaje, ambiental, montes, vías pecuarias, y otras, se someterán a un periodo común de información pública de 30 días, unificando sus procedimientos con la finalidad de reducir los plazos administrativos y obtener las economías de escala que facilitan la tramitación del proyecto. También se deberá incluir, en su caso, la petición de la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a efectos expropiatorios o imposición de servidumbres de paso, y la de ocupación de los montes gestionados por la Generalitat. Las alegaciones formuladas en el proceso de consulta pública se trasladarán al promotor para que exprese lo que considere pertinente, no siendo necesario un nuevo trámite de información pública para cambios no sustanciales en cualquier elemento de la central eléctrica, a resultas del proceso de consulta, siempre y cuando se cuente con la cesión del derecho de paso o uso de los nuevos propietarios afectados.
Durante la fase de consulta pública también se recabará informe de las administraciones públicas, empresas de servicio público o de servicios de interés económico general, para que formulen objeciones a la solicitud o condiciones el proyecto en función de otros que aquellas tengan previstos, y se alcance la conformidad respecto de la misma por parte del promotor y del conjunto de agentes públicos y privados involucrados, trámite que podrá suprimirse si el promotor ya ha alcanzado con anterioridad la conformidad o los informes favorables de estos organismos. Además, se requerirá informe específico del departamento de ordenación del territorio y paisaje a efectos de la autorización de la construcción de la central en suelo no urbanizable y, en su caso, el pronunciamiento del órgano ambiental cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental.
Estos dos últimos informes son vinculantes a efectos de la tramitación del proyecto, se pronunciarán además sobre el plan de desmantelamiento de la central, y las discrepancias de los mismos con el órgano sustantivo se someterán al arbitraje del Consell.
La sección segunda del capítulo II regula la resolución del procedimiento único una vez concluidos los trámites anteriores, y previa justificación de la capacidad económico-financiera efectiva del promotor para llevar a término el proyecto, tratando con ello de evitar, a la luz de la experiencia de estos años, la solicitud de prórrogas continuas por falta de recursos para materializar el proyecto, o procesos especulativos de transferencia de autorizaciones y permisos.
El procedimiento integrado finaliza también en un acto administrativo único en el que de forma secuencial se pronunciará sobre la autorización de la implantación en el suelo no urbanizable; la autorización administrativa previa prevista en la regulación del sector eléctrico; la declaración, en su caso, de utilidad pública de la instalación concreta; la autorización administrativa de construcción y la aprobación del plan de desmantelamiento de la instalación de generación. Además, la resolución contendrá otras determinaciones como el plazo de caducidad de las instalaciones que será de un máximo de 30 años, el plazo para solicitar la autorización de explotación, la imposición de la obligatoriedad del desmantelamiento y la garantía económica necesaria, la advertencia de no poder transmitir las autorizaciones concedida en tanto la central haya obtenido la autorización de explotación, o la obligación del pago de un canon en los términos de la legislación urbanística por el aprovechamiento del suelo no urbanizable. La resolución deberá ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, los boletines provinciales respectivos, y notificada al titular y a todos los organismos públicos y privados que intervinieron en el proceso, así como a las personas interesadas en el procedimiento, y se trasladará la información al Institut Cartogràfic Valencià para su inclusión en la cartografía territorial. Todo ello con el objetivo de dotar de la máxima difusión y publicidad de las autorizaciones otorgadas.
El plazo máximo para resolver por parte del órgano sustantivo se reduce de forma notable a 10 meses desde la admisión a trámite, en relación con la suma de plazos que con la anterior regulación suponían la obtención de los distintos permisos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energético-industriales, siendo el silencio administrativo negativo en los términos establecidos por la legislación básica del sector eléctrico.
La sección tercera del capítulo regula la puesta en servicio de la instalación de producción y las inscripciones en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica y en el Registro de Autoconsumo.
El capítulo III regula la obligación del desmantelamiento de las instalaciones energéticas y establece la cuantía de la garantía económica en el importe del proyecto de este desmantelamiento capitalizado a 30 años, y nunca inferior al 5 % del presupuesto material de ejecución del proyecto técnico.
El capítulo IV de este título II regula el canon urbanístico municipal por una cuantía del 2 % de los costes estimados de las obras necesarias para la implantación de la central eléctrica, con las bonificaciones y finalidad de los ingresos establecidos en la legislación urbanística.
El título IV, con un solo capítulo, regula tres cuestiones, en otros tantos preceptos, de importancia fundamental para los consumidores y generadores, dado que persigue la mejora, publicidad y transparencia de la información relativa a las redes distribución de energía eléctrica radicadas en la Comunitat Valenciana, de modo los operadores económicos puedan adoptar sus decisiones de inversión de forma más segura y ágil.
Así en el primero de los artículos de este título determina que las empresas distribuidoras publiciten en sus sitios web el contenido de sus planes de inversión anuales y trienales, de modo que a través de su análisis los demás sujetos del sector eléctrico puedan conocer cuál va a ser el crecimiento o refuerzo de las redes de distribución en ese futuro inmediato. El segundo artículo está destinado a la transparencia por parte de los gestores de las redes de distribución de las capacidades nominales y disponibles de las redes de alta tensión existentes, información muy valiosa a efecto de poder conocer con antelación dónde pueden situar sus proyectos de inversión sin que la conexión de los mismos a las redes eléctricas precisen de refuerzos o extensiones de estas más onerosos o imprevistos. Finalmente, el último artículo de este título se orienta a mejorar y hacer accesible la información de la red de distribución relativa a los procedimientos de acceso de las instalaciones de producción de energía eléctrica, dado que los últimos años han evidenciado que el acceso a la red es el recurso más escaso y valioso para la viabilidad de los proyectos.
Finalmente, la norma contiene cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.
En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera tiene por objeto reforzar los recursos administrativos de los departamentos del Consell implicados en la transición energética con el fin de que los ambiciosos objetivos y los reducidos plazos establecidos por la norma para obtener las autorizaciones que precisan las instalaciones energéticas para su implantación y puesta en funcionamiento se puedan cumplir con garantías.
La segunda disposición adicional reconoce la importancia de una nueva modalidad de montaje de las centrales fotovoltaicas, sobre lámina de agua, con claras sinergias para la eficiencia del almacenamiento de los escasas e importantes recursos hídricos de la región, y da un doble mandato a las consellerias competentes para que establezcan un procedimiento administrativo conjunto, coordinado y único que permita la obtención de las concesiones, autorizaciones y permisos requeridos para la implantación de este tipo de centrales eléctricas y que establezcan un programa específico de fomento que impulse su montaje. La tercera deja establecida y aclara la relación, a nivel de ordenación territorial, del vigente PECV, como plan de acción territorial sectorial con la regulación básica, prevalente en esta materia frente aquel, que aplica a los puertos de interés general situados en la Comunitat Valenciana. De este modo, y siempre que sea compatible con el resto de regulaciones, especialmente la medioambiental, podrán dotarse dichos puertos de instalaciones eólicas para autoconsumo de energía eléctrica, especialmente adecuadas por el régimen de vientos que suele haber en los recintos portuarios, y así poder cumplir con las obligaciones comunitarias que este tipo de infraestructuras marítimas tienen de dotarse de suministro de energía procedente de fuente renovables.
Respecto a la disposición adicional cuarta regula dos aspectos de gran importancia y repercusión en costes para los solicitantes de suministro eléctrico. Por un lado se establece el tratamiento de las solicitudes de potencia eléctrica de los operadores económicos en suelos industria· les, dada la ausencia de una previsión normativa expresa tanto en la legislación sectorial eléctrica como en la urbanística, y por otro lado, se armonizan los coeficientes de simultaneidad para la determinación de la potencia eléctrica solicitada a las empresas distribuidoras para nuevos suministros, o la ampliación de existentes, coeficientes que podían suponer una discriminación para los solicitantes de suministro en función de la empresa distribuidora de su zona.
Finalmente, en la disposición adicional quinta, dado el importante cambio regulatorio del Decreto 88/2005, de 29 de abril, operado a través de la vía urgente y excepcional de este decreto ley, no obstante su justificación para ello en este momento, se insta al titular de la conselleria competente en materia de energía para que en el plazo de un año eleve al Consell una propuesta de nuevo decreto de regulación de los procedimientos administrativos de las instalaciones eléctricas competencia de la Generalitat sujetas a autorización administrativa de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico, así como recogiendo las modificaciones introducidas por este decreto ley, sin perjuicio de su mejora y actualización a la luz de la experiencia durante su aplicación.
En cuanto a las disposiciones transitorias, derogatoria única y finales, regulan los aspectos habituales para este tipo de normas, estableciendo el tratamiento de los procedimientos administrativos en curso y afectados por las modificaciones introducidas por el decreto ley, un calendario gradual para ciertas obligaciones incorporadas ex novo, y a las que no se les debe aplicar la cláusula general de entrada en vigor del decreto ley (inmediata por otro lado dada su urgente necesidad) porque supondría una carga excesiva o de difícil cumplimiento, y finalmente las salvaguardas de rango de las disposiciones reglamentarias modificadas para evitar su petrificación por el uso de una norma con rango legal para su modificación, y las habilitaciones de legislativo pertinentes a los distintos órganos titulares de potestad administrativas normativas para que puedan modificar las cuestiones más técnicas y puntuales del decreto ley para evitar igualmente esa congelación del rango normativo de ley derivada del uso del decreto ley por la urgencia y necesidad de los temas que se abordan y pretenden resolver.
Finalmente, se incorporan a la norma tres anexos, cuyo contenido y motivación ya han sido recogidos en la parte expositiva anterior en relación con los artículos que remiten a ellos.
En cuanto a los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 86.1 de la Constitución, al que remite el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, debe señalarse que la extraordinaria y urgente necesidad para el empleo del decreto ley como mejor instrumento normativo en este momento, queda plenamente justificada como consecuencia de la degradación de los datos macroeconómicos y del empleo que requieren de medidas rápidas, urgentes y eficaces que contribuyan a contener primero, a fin de evitar un ciclo o espiral negativa de decrecimiento que pueda llevar al colapso económico, y reactivar después, todas las actividades económicas afectadas que puedan ser tractoras del ciclo económico general, como es el caso de las energías renovables, detectadas por unanimidad desde las distintas instituciones políticas, tanto las internacionales, como las comunitarias y las estatales, además de las de la Comunitat Valenciana, y para las que se han formulado y aprobado importantes paquetes normativos y programáticos para la próxima década con el fin de impulsarlas decididamente.
Por otro lado, la materia que se aborda por la vía del decreto ley se centra e incide, especialmente, en las técnicas de la racionalización, simplificación, agilización y coordinación administrativa para la implantación de este tipo de instalaciones, sobre las que la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, ha hecho gran hincapié, al detectar que: «la falta de normas de coordinación entre los diferentes organismos de autorización dificulta el despliegue de las energías procedentes de fuentes renovables, así como que los procedimientos administrativos prolongados constituyen un obstáculo administrativo importante y resultan costosos. Asimismo, la simplificación de los procedimientos administrativos de concesión de permisos y la fijación de plazos claros para las decisiones que hayan de adoptar las correspondientes autoridades competentes para la emisión de la autorización de la instalación de generación de electricidad sobre la base de una solicitud completa debe incentivar una tramitación más eficiente de los procedimientos y, consecuentemente, reducir los costes administrativos».
Entrada en vigor: El 29 de agosto de 2020.
Normas afectadas:
-Decreto 177/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el procedimiento administrativo aplicable a determinadas instalaciones de energía solar fotovoltaica.
-Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana.
