Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife suscriben la Declaración para el impulso de la custodia del territorio en las Islas Canarias
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Temas Clave: Custodia del territorio; Espacios naturales protegidos, Biodiversidad; Participación; Cooperación público-privada; Tercer sector social; Educación ambiental; Turismo sostenible; Organizaciones no Gubernamentales ( ONG )
Resumen:
La custodia del territorio está teniendo un desarrollo importante a nivel mundial durante los últimos años siendo muchísimos los países donde se está poniendo en práctica como herramienta de conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático mediante la cooperación público privada.
En España, gracias a la actividad ejercida por las entidades de custodia del territorio[1] se consiguió el marco de referencia de este movimiento. Dicho marco viene desarrollado en diversos artículos de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 17 de diciembre de 2007. Es precisamente esta norma la primera de ámbito estatal en la que se hace mención específica al concepto de custodia del territorio, de esta manera, el artículo 3.9. establece la definición de custodia del territorio como el “conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”.
Otros artículos de interés que conforman el marco estatal de regulación de estas iniciativas de conservación son los artículos: 3.37; 4. .4.; 5.2; 75; 76.1.2.; 77.1; 78.2. apartados e y m.
Gracias a este desarrollo normativo y al implementado por numerosas administraciones tanto de ámbito autonómico como local, se constituyó un nuevo escenario para que la custodia del territorio pudiera prosperar, aunque siguen siendo muchísimos los autores e instituciones que recuerdan la importancia de crear marcos de estímulos, principalmente fiscales, para la que este movimiento pueda expresarse mucho más.
Por su parte, la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica puso en marcha la Plataforma para la custodia del territorio en el año 2007, la cual también ha contribuido de manera importante al avance de la custodia del territorio financiando importantes iniciativas de conservación así como parte de las Jornadas Estatales, desde el año 2010 hasta las últimas celebradas en Valencia el pasado mes de noviembre de 2018. Puede consultarse en el siguiente enlace.
Se está observando cómo que el fenómeno de la custodia del territorio aparece como una manera de complementar la actividad de los poderes públicos en pro de la conservación de la biodiversidad, luego, supone un refuerzo añadido a las políticas públicas de conservación, que se están extendiendo al resto de las políticas territoriales. La custodia del territorio se muestra pues como una herramienta a extender junto al resto de políticas de conservación ambiental en nuestro país y, con toda seguridad, tanto por su carácter flexible, voluntario e integrador, posibilitará el aumento de la extensión del territorio protegido y bien gestionado.
Para la implementación de esta ley, en el año 2011 se publicó el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde la custodia del territorio también juega un papel decisivo, en concreto dicho Plan hace referencia a la necesidad de “fomentar y reconocer el papel que juegan los agentes sociales y privados en la gestión directa de la biodiversidad” haciendo hincapié en la importancia de crear incentivos fiscales a los propietarios que establezcan acuerdos con entidades de custodia a la vez que prevé acciones específicas para promover el avance de la custodia en España.
Debido fundamentalmente al desarrollo imparable de estas prácticas conservacionistas, las
administraciones públicas están comprobando la gran labor social que desempeñan las ONG como refuerzo y complemento de la función pública y es preciso constituir incentivos para fomentar sus actividades, pues lo cierto es que, a día de hoy, apenas existen alicientes que estimulen la puesta en marcha de acuerdos, donde, además, la temporalidad de dichos acuerdos es un problema añadido.
La capacidad de integración que caracteriza a la custodia del territorio va a ser crucial en desafíos inminentes como son el desarrollo de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 y los Planes de Desarrollo Rural (PDR) de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), donde la ecologización de los mismos pretendida desde Europa debe suponer un empuje para la custodia del territorio y la conservación.
Avances desarrollados en las Islas Canarias:
Las I Jornadas de Custodia del Territorio de Gran Canaria, celebradas durante los días 18,19 y 20 de octubre, contaron con más de 20 ponentes y atrajeron a 300 participantes. Todas las ponencias de las jornadas están disponibles en la web habilitada por el Cabildo de Gran Canaria para fomentar la custodia del territorio.
El resumen de las Jornadas se puede consultar en este enlace.
Posteriormente los días 14 y 15 de marzo de 2019 en Tenerife se realizaron las II Jornadas de custodia del territorio en Tenerife donde al igual que en Gran Canaria también participaron numerosos ponentes y participantes.
En ambas actividades se informó de la iniciativa de un grupo importante de instituciones canarias (ONGs, cabildos, ayuntamientos, etc.) para promover la adhesión a un documento común a favor del fomento de la custodia del territorio, denominado “Declaración de Canarias de fomento de la custodia del territorio”.
Dadas las competencias que tiene atribuidas tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Cabildo de Tenerife en materia de territorio y medio ambiente, se considera oportuna la adhesión a los compromisos contenidos en dicha Declaración, y que se extienda al resto de islas[2]:
DECLARACIÓN DE CANARIAS
Las personas y entidades públicas o privadas abajo firmantes se comprometen al fomento y difusión de la Custodia del Territorio como herramienta de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural de las Islas Canarias, que refuerza la gobernanza basada en la participación y la economía del bien común, todo ello de acuerdo con las siguientes consideraciones.
CONSIDERACIONES
Primera. El contexto territorial del archipiélago de las Islas Canarias es un punto caliente de biodiversidad a escala planetaria y por consiguiente es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, su conservación. Los servicios ecosistémicos que genera toda esta riqueza natural en forma de calidad del aire, retención de gases de CO2 a la atmósfera (con la consiguiente ayuda contra el fenómeno del cambio climático), actividades turísticas, alimentos, recreación paisajística, equilibrio emocional y felicidad, suele pasar desapercibida y su mantenimiento es clave para las generaciones venideras. La Administración por sí sola no es capaz de afrontar el reto de la conservación con éxito.
Segunda. La sociedad siempre camina por delante de la Administración y le va marcando el rumbo por donde esta debe avanzar. La conservación de los principales EENNPP del planeta fueron reivindicados en su origen por personas o asociaciones. Las directrices internacionales para la conservación de la biodiversidad (Convenio Internacional para la Biodiversidad, Estrategias Europeas para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, el Convenio de Florencia o convenio del paisaje, la directiva de Infraestructuras verdes, las directivas de la Red Natura 2000, etc.) señalan que es imprescindible la colaboración pública/privada para alcanzar este cometido. Cazadores, agricultores, ganaderos, pescadores, administración, ONGs, apicultores, turistas, etc. deben ser los principales responsables de la conservación. La custodia del territorio contribuye a crear empleo de calidad vinculado al equilibrio territorial, la producción agrícola, la transformación de sus productos y los servicios turísticos de calidad. La custodia del territorio es una herramienta que consigue establecer de forma exitosa estas directrices implicando a todos estos sectores.
Tercera. La Ley 42/2007 para la Conservación de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural establece que la Administración debe fomentar la Custodia del Territorio. En este sentido tanto las comunidades autónomas, como cabildos y entidades locales deberán seguir desarrollando los marcos jurídicos y fiscales acorde con dicho deber. Para ello las entidades se comprometen a seguir realizando jornadas, publicaciones, encuentros que permitan avanzar en el conocimiento de dichas técnicas.
Cuarta. Los resultados del 5º Inventario de Iniciativa de Custodia del Territorio en España recientemente publicado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica confirman la destacada implantación de dicha herramienta, sobresaliendo su aplicación en espacios de la Red Natura 2000 de todas las comunidades autónomas y su creciente transversalidad, aplicándose para la conservación de espacios terrestres, agrícolas, fluviales, marinos, especies amenazadas, etc.
Quinta. Durante estas jornadas se ha podido constatar que la sociedad canaria está protagonizando interesantes procesos de participación ciudadana para la gobernanza ambiental, como son las numerosas iniciativas vinculadas a la custodia del territorio que ya se están desarrollando y su enorme potencial de cara al futuro. En concordancia con este dinamismo de la sociedad civil se ha comprobado el genuino interés por fomentar la custodia del territorio de los cabildos insulares, así como los diversos ayuntamientos del archipiélago y el propio Gobierno Autonómico.
Sexta. Se precisa que las entidades y personas firmantes fomenten en la práctica, a través de la universalidad de sus acciones, la inclusión de la ciudadanía como agente fundamental en la custodia del territorio; las personas presentes en Canarias, residentes y visitantes, deben ser conscientes de su relevante papel como custodias del territorio que habitan, al ser responsabilidad de todo el mundo velar por la conservación y cuidado de la naturaleza y recursos de las islas. Todas las personas pueden participar en los procesos ciudadanos y administrativos, pueden educar e influir a otras personas, a sus familias, amistades, pueden contribuir con sus actitudes a una mejor eficiencia energética, hídrica, alimentaria, de gestión de residuos y de vínculo con su naturaleza, y pueden además denunciar todo aquello que suponga un deterioro o daño al medio ambiente. Una persona, independientemente de su formación o edad, es un vigilante custodio de nuestra tierra y debe saberse y fomentarse.
Séptima. Las entidades y personas firmantes se comprometen a fomentar este modelo de gobernanza basado en la colaboración Ciudadanía-Administración siendo conscientes del necesario esfuerzo de aprendizaje que debe llevar consigo para todos los agentes implicados. La custodia del territorio, como el resto de los mecanismos de participación ciudadana son espacios de experimentación y cultura democrática que educan por igual a actores públicos, funcionariado y ciudadanía. Los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbanístico deben ofrecer la posibilidad de implementar estos mecanismos de participación ciudadana.
Octava. También se ha observado la necesidad de establecer líneas de apoyo económico, subvenciones y estímulos fiscales que contribuyan a consolidar la aplicación de la custodia del territorio. Para ello, las entidades firmantes se comprometen a contribuir a la realización de estudios y propuestas técnicas que permitan identificar estos incentivos y trabajar para su consecución.
Novena. Por todo ello, estas entidades y personas se comprometen a seguir impulsando las iniciativas de custodia del territorio con objeto de mejorar la protección de nuestro patrimonio natural, sus procesos ecológicos y los innumerables servicios ecosistémicos de los que todos los ciudadanos, administración, propietarios y usuarios nos beneficiamos.
Décima. Una forma de optimizar estos esfuerzos podría ser la constitución de la Red Canaria de Custodia del Territorio y su integración en el Foro Estatal de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.
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[1] Fundamentalmente a raíz de la organización de las Jornadas Estatales de Custodia del Territorio por la Cátedra UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la URJC y con la financiación del Centro de Medio Ambiente de la CAM -CEMACAM-Torregüil, Murcia- hoy día aglutinadas a través de las distintas redes autonómicas, que a su vez integran el Foro Estatal de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT. http://www.frect.org/).
[2] En la idea y redacción de dicha Declaración participó la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, el Centro internacional de Estudios en Derecho Ambiental (Cieda-Ciemat), responsables de ambos Cabildos, así como diversas entidades conservacionistas.
