Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un acuerdo climático mundial: un enfoque territorial para la COP22 de Marrakech
Autora: Sara García García, Doctoranda en Derecho de la Universidad de Valladolid
Fuente: Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: Hacia un acuerdo climático mundial: un enfoque territorial para la COP22 de Marrakech, (2017/C 088/09)
Temas clave: Acuerdo de Paris; Marruecos; COP22; cambio climático
Resumen:
La Unión Europea continúa en sus esfuerzos por cumplir los compromisos firmados en el Acuerdo de París, un hito en la lucha contra el cambio climático y la protección al medio ambiente puesto en jaque en la actualidad por Estados Unidos y las intenciones de su nuevo presidente.
Pese a ello, Europa sigue, ésta vez con el fin de actualizarse y adaptarse a las conclusiones obtenidas en la vigésimo segunda conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU celebrada en Marruecos el pasado noviembre de 2016, heredera de París 2015. Ya dijo sobre ésta el presidente de Francia, François Hollande, que «la COP21 fue la conferencia de las decisiones mientras que la COP22 en Marruecos será las de las soluciones».
Precisamente con el fin de buscar y aplicar esas soluciones, el Comité Europeo de las Regiones comienza por publicar un Dictamen al respecto con el objetivo principal de implicar «a todos», desde habitantes a Estados miembro.
Por el sistema de gobernanza multinivel propio de la Unión Europea, considera necesario reforzar la coordinación vertical, entre instituciones hasta llegar a la población, así como la horizontal, entre políticas comunitarias. En concreto, centra sus mayores esfuerzos en proponer una «acción reforzada de las regiones y ciudades, que están estrechamente vinculadas a las comunidades locales y los territorios» y, en cuanto a las políticas, considera que la integración en todas ellas de la acción por el clima acordada en París, permitirá que las poblaciones locales mejoren su medio, calidad de vida y empleo local. Esta labor se desarrollará, en gran medida, a través de las medidas propias del paquete de economía circular, tan importante ahora para la Unión Europea, (sobre este paquete ya se ha hablado largo y tendido también en esta revista; entre otras ocasiones por quien suscribe en el número 57, mayo de 2016, páginas 26 y siguientes).
También el Comité considera imprescindible mejorar en las regiones y ciudades la cooperación entre administraciones. Señala en concreto el éxito del modelo de la Comisión interadministrativa sobre desarrollo sostenible de Espoo (Finlandia) gracias al cual esa ciudad logró en su momento ser reconocida como la más sostenible de la Unión Europea.
Pues bien, dentro del contenido que debería tener esa organización vertical, horizontal e interadministrativa reclamada por el Comité, parece tener especial interés lo que denomina «sociedades resilientes».
Es un tema en pañales, aún por desarrollar pero muy importante para el Comité, pues «debido al potencial efecto negativo del cambio climático en la población y los activos, debería capacitarse a las regiones y ciudades para aumentar su resiliencia tan pronto como sea posible». En esta línea, acoge con buenos ojos el Plan de Acción de la Comisión Europea sobre el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 e insiste en el refuerzo de «los vínculos entre la construcción de infraestructuras resilientes y la adaptación al cambio climático a fin de promover la coordinación intersectorial entre los servicios de protección civil y las acciones de adaptación al cambio climático en todos los niveles».
Finalmente, como para todo, resulta fundamental advertir las posibilidades de financiación con las que se pretende se afronten todas las acciones, las aquí expuestas y el resto de las recogidas en el Dictamen.
Reconoce en este punto el Comité Europeo que tanto las regiones como las ciudades se enfrentan aquí a «diversos obstáculos que les impiden acceder a las medidas de apoyo disponibles a escala de la UE, tanto de los fondos de la UE como a través del Banco Europeo de Inversiones». Tras reconocer un gran debate interno, el Comité decide pedir a la Comisión Europea, el BEI y los Estados miembros «que se centren en desarrollar la capacidad administrativa de las regiones y las ciudades de forma apropiada, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades de financiación pública y privada disponibles a nivel de la UE, en particular en el caso de las entidades territoriales de menor tamaño».
Además, insta en el texto a los Estados miembros a que cumplan su compromiso de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles y a la Unión a revisar su legislación para facilitar la inversión en energías renovables.
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